El Diario de Sesiones recoge: En su caso, debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En su caso, debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DIARIO DE SESIONES Página 8830 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) SESIÓN PLENARIA (Comienza la sesión a las diez horas) LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta):Iniciamos hoy un nuevo periodo de sesiones y espero que lo hagamos con responsabilidad, con respeto y con voluntad de diálogo, buscando siempre y poniendo por delante el interés general. 1. En su caso, debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. [11L/1000-0015] LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Muy buenos días a todos. Se abre la sesión. Así que ruego al secretario segundo que dé lectura al punto número 1 del orden del día, informando antes a la Cámara del acuerdo de la Mesa del Parlamento, del 18 de septiembre, por el que el punto número 2 del orden del día se tratará en la sesión plenaria del 28 de septiembre. EL SR. GÓMEZ GÓMEZ: En su caso, debate y votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria del 16 del 9 del 26. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Se aplicará el debate de totalidad de los artículos 78.3 y 117.2 del Reglamento de la Cámara. En primer lugar, tiene la palabra el consejero de Educación para presentar el proyecto de ley, por un tiempo máximo de 20 minutos. EL SR. CONSEJERO (Silva Fernández): Bien, buenos días. Gracias, señora presidenta. Iniciamos un nuevo periodo de sesiones. Me sumo a esos buenos deseos de la presidenta, de que sea, pues lo más constructivo para todos en este final del 2026. Saludo y doy la bienvenida a las personas, representantes de la comunidad educativa, quienes acompañan Consejo Escolar de Cantabria, directores, familias y a todos, el resto de invitados de la comunidad educativa. Y empezamos este segundo periodo de sesiones con un tema importante, al menos para mí lo es, que es un tema de educación, pero además transversal dentro la educación, que es la convivencia y la autoridad del profesorado. Es para mí un honor subir a esta tribuna a defender este proyecto de ley, porque creo que la mejor manera de oponerse a estas enmiendas a la totalidad es eso, defender este proyecto de ley, que creo que suma, que no resta, que hace mejorar la educación de Cantabria y que es conveniente. Creo que estas enmiendas constituyen una amenaza real a que continúe el proyecto tal y como está configurado y, Sra. Fernández, es una ley de autoridad, por supuesto, pero también de la convivencia, también de la convivencia . Y, en cualquier caso, no hay ningún problema. yo no tengo ningún complejo en reconocer la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado. Es más necesario que nunca reconocerla y reforzarla. Y subo feliz, por eso, porque tengo la convicción de que este proyecto mejora la educación de nuestra comunidad autónoma, como lo ha hecho en otras comunidades autónomas. También, en cierto modo triste, porque he intentado, y para eso me he reunido con el Grupo Socialista, agradezco a sus portavoces y a su secretario de Educación que me recibieran en esta Cámara, también al Grupo VOX. Me reuní con el diputado Blanco para hablar de este asunto y bueno, no lo logré, pero hemos hablado con el Grupo Regionalista y creo que realmente les explique las bondades de este proyecto. Les decía en Comisión que el contexto en el que está la educación de este país y de esta comunidad autónoma hacen necesario que hablemos de este proyecto de autoridad y de convivencia, y por eso me voy a detener un minuto y medio, dos minutos en este asunto. Verán ustedes, la profesión docente es cada vez más compleja. Cada vez llegan más demandas a la escuela; cada vez el docente tiene más peticiones, por así decirlo, de las familias; la sociedad es más compleja e inevitablemente la escuela lo es. Cada vez tenemos un alumnado más heterogéneo, tenemos más alumnado migrante, por cierto, Cantabria ha acelerado en este asunto; tenemos más alumnado de incorporación tardía al sistema educativo o, por ejemplo, como escribía, El Diario Montañés este mismo año, tendremos un 300 por ciento más de casos de alumnos con altas capacidades. Hay quien habla de que la crianza se está externalizando o de que la primaria se está infantilizando o la secundaria se está primarizando. DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8831 Además de eso, tenemos numerosos retos: está el reto de la salud mental, que todos ustedes conocen, catalizado por el COVID, tenemos el reto de las redes sociales, de las pantallas, que no se va a ir, hoy los jóvenes dan más importancia a una fotografía en una red social, a un like, que lo que puede ser su relación personal. Los paradigmas de la educación, y aquí el acoso escolar yo creo que es muy significativo, están cambiando. Tenemos retos también como los resultados educativos, PISA 2025, que hemos conocido hace apenas 12 días. Tenemos, por lo tanto, una emergencia nacional en el ámbito educativo, y lo digo sin ánimo tremendista, pero con conocimiento de causa, y una alerta real que hay que atender. Y todo eso, dicho de una manera muy resumida, llega a la escuela, que es la caja de resonancia de la sociedad. Por eso los docentes muchas veces se sienten desgastados, desmotivados, frustrados, porque la tarea es titánica y ahí es donde entra esta ley, para evitar situaciones como las que hemos vivido o se viven en Cataluña, en Valencia o en alguna otra comunidad autónoma. Frente a eso, el Gobierno del Partido Popular presenta una norma para avanzar, y las enmiendas a la totalidad lo que suponen, en el caso del Partido Socialista, es no hacer nada, quedarnos como estamos, petrificados hace 15 años. Yo creo que eso es un error. Y la enmienda del Partido Regionalista yo me pregunto qué propone, porque de su análisis realmente no hay un diferencial respecto a lo que nosotros proponemos. Me pregunto si era necesaria. La pregunta para mí es obligada: ¿qué hacer en esta situación? Muchas cosas. Un problema complejo, soluciones complejas: seguro, más formación y más conocimiento del profesorado - le hemos dado importancia desde que hemos llegado-; segundo, más vocación. El acto educativo es un acto de afecto hacia el alumno, de amor, dicen algunos, y es necesario fomentarlo; y, tercero, reforzar la autoridad del profesorado. Es vital que reforcemos la presencia del docente en el aula, y eso no es autoritarismo. Eso es autoridad pedagógica. Por eso dice la ley. el proyecto de ley en su exposición de motivos, leo: “procede potenciar y reconocer desde las instituciones públicas el valor esencial de la función docente, para, de esta manera, aumentar la consideración social del profesorado como instrumento imprescindible en la creación de un clima óptimo” Por eso el artículo 1, el artículo 3 y siguientes, hablan de reconocer la autoridad pública y fomentar la consideración y respeto del docente. Hablan de la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad educativa. Por eso esta ley, por eso nuestra convicción, hace que reforzar la autoridad del profesorado también en Cantabria sea más necesario que nunca. Verán ustedes, entre 2011 y el 2015 este debate ya se produjo, también en esta Cámara. Allí el debate se cifró entre confrontar auctoritas y potestas, en el sentido de auctoritas, como autoridad moral y potestas como poder legal concedidos por el ordenamiento jurídico. De ahí bebe esa enmienda del PSOE a la totalidad. Pero ese es un debate superado, sobre todo desde que el artículo 124 de la Ley Orgánica de Educación reconoce la autoridad al profesorado. Ustedes se han quedado petrificados en la educación, en la sociedad de hace 15 años. A eso huele, de eso bebe su enmienda a la totalidad, que yo creo que es la demostración palmaria de esa ausencia de proyecto educativo para Cantabria, yo diría de proyecto para Cantabria. Es una enmienda generalista, es una enmienda buenista, es una enmienda que no concreta nada y que nos lanza el mensaje de quedarnos como estamos. La mejor manera de ir para atrás es no hacer nada y no lo vamos a hacer hoy. Hoy el debate o la reflexión es distinta: la autoridad docente, la autoridad pedagógica como garantía de la convivencia. Creo que son dos caras de una misma realidad que debemos abordar. Lo dice también la exposición de motivos : “La ley reconoce la doble dimensión de la autoridad del profesorado, una vertiente fundamental en el prestigio y el conocimient o, otra otorgada por el ordenamiento jurídico”. No son antagónicas, son complementarias. El docente no solo transmite conocimientos, también debe crear un clima de orden, un clima de convivencia necesario para poder hacer su trabajo. Por lo tanto, y creo que la enmienda del PSOE cae en este error, confunden autoridad con autoritarismo. No hablamos de autoridad como privilegio corporativo, hablamos de autoridad pedagógica como herramienta necesaria para construir el aprendizaje, como garante de la convivencia. Por eso no compartimos el esquema policía-ciudadano sino el esquema padre- hijo, docente-alumnos salvando las distancias. Porque estas normas Sra. Fernández, incorporan en el título II la convivencia, porque para nosotros son dos caras de la misma realidad, no vamos por un lado con la autoridad y por otro lado con la convivencia, son la misma realidad. Me pregunto quién se preocupa por que se respeten las normas en el aula más que el docente, quien detecta las faltas de respeto más que el docente, quién interviene en primer lugar, cuando hay un conflicto de convivencia más que el docente. Por lo tanto, esta norma título primero autoridad, título segundo convivencia aúnan ambas realidades porque forman parte de una misma realidad: la educación. El contenido de esta ley es breve, 20 artículos hemos primado calidad sobre cantidad y además es una ley o un proyecto valiente, toma decisiones operativas sobre demandas que piden los centros, sobre situaciones que hemos vivido DIARIO DE SESIONES Página 8832 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) de acoso escolar graves en esta propia comunidad autónoma y tiene una secuencia lógica, ámbito - objeto, autoridad- convivencia. La estructura material de la ley ya la conocen no voy a insistir. La exposición de motivos se refiere a la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, a la Ley Orgánica de Educación, a la Ley de Juventud incluso, porque hay espacios comunes, porque esto no es solo una cuestión de la escuela. El título preliminar importante, acota su objeto, su ámbito y sus principios, se aplica a los centros públicos y a los centros públicos sostenidos con fondos, los centros privados, perdón, sostenidos con fondos públicos; se aplica al horario lectivo, a las actividades complementarias a las extraescolares; se aplica a la realidad física, pero también a la virtual que ha supuesto un cambio y supone un cambio de paradigma en la educación. También se aplica a los servicios complementarios, comedor, transporte y residencias. Por lo tanto, todo el espectro, por así decirlo, de la actividad educativa. El título primero es un título corto, 4 artículos, 5 al 8, donde defiende que el docente tiene que tener autoridad como garante de la convivencia. Después de reconocer los derechos del docente, artículo 4, en su artículo 5 establece esa autoridad pública que, como digo no es una patente de corso para hacer lo que se quiera, es una presunción de veracidad iuris tantum acotada al ejercicio de medidas correctoras, constatadas personalmente por el docente y reflejadas documentalmente. Por lo tanto, no es un privilegio corporativo, es una herramienta de trabajo imprescindible. Además, el artículo 7 manda un mensaje de apoyo y reconocimiento a la tarea docente, más que nunca dentro y fuera de la escuela, ahí está ese reconocimiento a promover la labor o reconocer la labor del profesorado, promover la asistencia jurídica y psicológica y la formación del docente. A continuación del título II se refiere a la convivencia, no lo hace aleatoriamente lo hace porque, en segundo lugar, habría que hablar de la convivencia. Verán ustedes, la convivencia en Cantabria no tiene unos malos datos, lo saben, el Observatorio para la Convivencia en Cantabria lo dice año tras año, los porcentajes de los casos, digamos, de alteración de la convivencia, son pequeños sobre el total, aunque siempre debemos estar alertas. La referencia de docentes, de familias y de alumnos sobre la percepción del centro y la convivencia es buena, con puntuaciones de más de 7 sobre 10, sobre la misma. Por lo tanto, tenemos una buena convivencia, pero la mejor manera de conservar esa buena convivencia es reforzarla. Por lo tanto, la ley tiene un enfoque y una secuencia lógica. Primero el prisma educativo, en segundo lugar preventivo, y, en último lugar, restaurativo; no hay autoritarismo, como he escuchado, eso es una falacia lo que hay es, primero medidas educativas -artículo 9- segundo medidas correctoras -artículo 10- y solo posteriormente medidas resolutiva o provisionales de casos de conflicto de convivencia, artículos 11 siguientes. Por lo tanto, primero actuamos en el ámbito preventivo, es decir, garantizamos un clima de bienestar que impida o evite conductas contrarias a la convivencia, ahí están esas medidas del artículo 9. En segundo lugar, si se supera un determinado estadio, el ámbito de disciplinar que supone la participación de las normas del centro y en su caso la actuación o la entrada en funcionamiento de las conductas cuando se observan esas normas y, por último, un ámbito resolutivo y relacional cuyo fin es resolver los conflictos de competencia que pudieran ocurrir. Porque, señorías, huimos de buenismos vacíos, no se puede confundir autoridad o firmeza con no hacer nada, realmente tenemos que seguir esa secuencia lógica. Atendemos, además, demandas concretas, sobre todo desde los centros. Ahí está ese cambio de grupo del artículo 9.5, como medida educativa que ya se aplica, cómo no vamos a aplicarla en un caso de conflicto de convivencia. Ahí está la suspensión provisional de asistencia hasta 20 días al centro en casos graves, con riesgo para la integridad física o psíquica. Hemos visto lo que supone no tener esta herramienta en casos en Cantabria. Y ahí está el cómputo de los plazos por días lectivos, ajustándonos a los tiempos escolares. Respondemos a ese modelo virtual, introduciendo el concepto de TRIC tecnologías de la relación, información y comunicación, con el cambio de paradigmas que todos conocemos. Tenemos un artículo concreto, el artículo 15, sobre el acoso escolar, que por primera vez en Cantabria da una definición del acoso escolar y además pone en el eje de las actuaciones a la protección de la víctima. O conformamos con el decreto de convivencia que no derogamos de 2009, un corpus normativo. Por tanto, creemos que el proyecto de ley es completo, y, por eso nos oponemos a estas enmiendas. Un matiz muy importante, ni el programa electoral del Partido Socialista ni el programa electoral del Partido Regionalista dicen ni una so la palabra de este aspecto, ni de la autoridad ni de la convivencia. El Partido Popular, en su medida 611, lleva un compromiso de desarrollar una ley de autoridad para la comunidad autónoma. DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8833 ¿Por qué no comparto la enmienda del PSOE? Lo he dicho, no aporta apenas nada, es petrificarnos en lo que era la educación hace 15 años, con lo que ha cambiado la sociedad, con lo que ha cambiado la política, con lo que ha cambiado la educación en estos 15 años. No nos vamos a quedar parados, no podemos confundir prevención y firmeza, porque no son incompatibles, no identificaremos convivencia con disciplina, pero es necesario avanzar. Y la del Partido Regionalista, se lo he dicho antes, huele, sabe al proyecto de ley, yo no sé si la presentación responde a una convicción real o más a una estrategia política, no lo sé. Pero les digo esto porque de los 37 artículos, el 92 por ciento, es decir, 34 ya están en el proyecto de ley. Me pregunto, por lo tanto, qué aporta una enmienda a la totalidad, cuyo contenido ya está en el proyecto, al que se opone. Con enmiendas parciales, hablando y negociando, probablemente los matices puedan ser incorporados. Su mayor extensión de 20 a 37 artículos no aporta nada más que eso, cantidad, realmente no hay cambios de enfoque ni cambios de modelo. Además, un aspecto muy importante, el 70 por ciento de su articulado, 26 artículos de 37 necesitan un desarrollo reglamentario posterior, por lo cual no es una norma o un texto operativo, realmente nos conduciría a una inseguridad de aplicación desigual. Ni siquiera tiene una mirada específica sobre el acoso escolar, su mayor aportación, si acaso en la técnica legislativa, ustedes se quedan en el plano de lo general nosotros además de eso, bajamos a lo concreto. Pero fíjense, me voy a los espacios comunes, creo que es mi obligación y ustedes, como nosotros reconocemos la autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad, la necesidad de planes de convivencia, prevención y protección, la protección de la víctima frente al acoso y el ciberacoso, la colaboración con las familias, el apoyo al profesor mediante asistencia psicológica o jurídica. ¿Era necesario, por lo tanto una enmienda a la totalidad? Desde mi punto de vista, totalmente innecesario. Las correcciones de matiz, las correcciones de cuestiones operativas se pueden conseguir mediante enmiendas parciales. Hay algo también que aporta su texto alternativo y es más burocracia, más estructura donde ya la hay y, por lo tanto, totalmente superfluo. Las críticas que destilan estas enmiendas y sus manifestaciones en estos días yo no las comparto. Excesivo autoritarismo, no, se lo acabo de explicar ámbito educativo, preventivo, restaurativo, con una secuencia lógica. Lo que no vamos a hacer es no hacer nada, lo que no vamos a hacer es vivir de buenismo vacío de pedagogías trasnochadas, que confunden la firmeza con autoritarismo. No está reñida la firmeza con la educación, no deben cometer el error de colocar al docente y al alumno en el mismo plano, porque no lo están, uno es adulto, uno está ejerciendo unas funciones y tiene unas responsabilidades, y el otro normalmente es menor de edad y está actuando como discente. Falta de participación nos dice, tampoco es así. En enero de este año, hace 9 meses escribía una tribuna en El Diario Montañés para hablar de este proyecto. Hemos incorporado alegaciones, hemos modificado artículos 8, 9 y 11 por esas alegaciones, han participado los directores, el consejo escolar de Cantabria, las familias, las organizaciones sindicales que han querido y el que no ha querido pues allá su responsabilidad. Por lo tanto, es una norma que ha tenido en cuenta a la sociedad cántabra. Como reflexiones finales, les diré que es una norma que es conveniente para la educación de Cantabria. Es una iniciativa que cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar de 16 de marzo del 2026, que dice: “valoro positivamente esta iniciativa orientada a la mejora del reconocimiento de la autoridad pública docente desde una vertiente, autoritativa - que no autoritarismo- a la mejora de la convivencia en los centros, desde un enfoque preventivo, proactivo y educativo, abordando explícitamente situaciones graves como el acoso escolar”. Es un proyecto con el que cumplimos con tres compromisos, se lo he dicho: el programa electoral 611, el compromiso con los docentes reforzando esa autoridad derivada de la propia LOE, y también cumplimos con esta Cámara, con esa PNL que aprobó el 3 de noviembre de 2025 este Parlamento. Otras comunidades autónomas, también del Partido Socialista, tienen leyes de autoridad y convivencial. Las propias organizaciones sindicales a nivel nacional, el sindicato mayoritario ANPE viene pidiendo una ley de autoridad nacional, la propia normativa de Cantabria, el decreto 2099, 53/2009 no se deroga, sino que se actualiza. Con esta norma se refuerza ese corpus normativo. Estoy convencido, señorías, de que todo es mejorable, en este proyecto de ley sin duda lo es, para eso estamos aquí, para mejorarlo. Pero realmente esa sensación de desgaste, esa necesidad de intervenir reforzando la autoridad, de conservar y trabajar porque se mejore esa convivencia, es necesario, por lo tanto, hacer algo. La preservación de la convivencia no es no hacer nada, es todo lo contrario, es tomar decisiones, es protegerla. Creo realmente que esta ley no resta, que esta ley suma. Aquí está el Gobierno, aquí está el Partido Popular para si, entre todos ustedes, con nosotros, la podemos mejorar. Pero desde luego que lo que no es acertado es plantear una enmienda a la totalidad, para condenarnos a quedarnos como estamos y no hacer nada. DIARIO DE SESIONES Página 8834 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) Muchísimas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señor consejero. A continuación, turno a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Sr. Gutiérrez por un tiempo máximo de 15 minutos. EL SR. GUTIÉRREZ MARTÍN: Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas también aquellas personas que hoy están como invitados en este, en este Pleno, en el primer Pleno de la, del primer Pleno de este nuevo periodo de sesiones. Como les decía, voy a empezar dejando algo absolutamente claro: el Grupo Socialista no está en contra de la autoridad del profesorado, no lo estamos. Estamos a favor de que nuestros docentes sean respetados, estamos a favor de que estén protegidos, estamos a favor de que tengan respaldo jurídico, estamos a favor de actuar con firmeza frente al acoso, frente a la violencia y frente a cualquier conducta que impida un alumno aprender y a un profesor enseñar. Y precisamente porque estamos a favor de todo eso no podemos estar a favor ni apoyar este proyecto de ley. Porque una cosa es defender la autoridad docente y otra muy diferente es pensar que la autoridad docente se construye simplemente escribiendo en el Boletín Oficial que un profesor es autoridad. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos hoy no es si queremos que un profesor tenga autoridad, profesores con autoridad. La pregunta es: ¿qué hace realmente esta ley para que un profesor tenga más autoridad mañana de la que tenía ayer? Y cuando uno lee el expediente entero, cuando uno lee las memorias, las alegaciones, el dictamen del Consejo Escolar, los informes jurídicos y escucha después a quienes trabajan todos los días en los centros, la respuesta es bastante incómoda para el Gobierno del Partido Popular. Y yo les diría: y muy poco. Porque buena parte de lo que ustedes presentan como una gran novedad ya existe: la propia memoria reconoce que la LOE ya establece que los equipos directivos y el profesorado tienen consideración de autoridad pública y que los hechos constatados por ellos gozan de presunción de veracidad. La asistencia jurídica del profesorado tampoco nace con esta ley, la propia dirección general del servicio jurídico recuerda que ya está reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público, la LOE y la Ley de Educación de Cantabria. Los planes de convivencia ya existen; las medidas correctoras, ya existen; las responsabilidades de las familias, ya existen; la protección frente a la violencia y el acoso, ya tiene un marco jurídico estatal y autonómico. Por eso nuestra pregunta sigue siendo la misma: ¿qué aporta realmente esta ley? Porque legislar no consiste en acumular normas, legislar consiste en solucionar problemas. Y aquí aparece el primer gran problema de este proyecto. Ustedes quieren vendernos autoridad, pero es que nosotros queremos hablar de respaldo, porque la autoridad de un profesor no desaparece porque falte un artículo, una ley, la autoridad se deteriora cuando un profesor tiene que enfrentarse solo a un conflicto, cuando falta orientación, cuando faltan profesionales de apoyo, cuando faltan recursos para atender la diversidad, cuando los ratios dificultan el trabajo, cuando la burocracia consume el tiempo que debería dedicarse a enseñar, cuando un docente tiene que gestionar situaciones complejas de convivencia, sin estructuras suficientes. Eso también es autoridad docente. Y fíjese en la contradicción: la memoria económica del Gobierno dice que esta ley no afecta a los presupuestos de la Administración autonómica y no implica ingreso o gasto significativo. Pero después escuchamos a los propios profesionales; en la Comisión de Educación de hace escasas meses, el representante de los directores fue clarísimo: una herramienta como esta, si no va acompañada de recursos suficientes, queda vacía. Y hablando precisamente de las medidas educativas del artículo 9, reconoció que harán falta recursos. Pues aquí tienen ustedes una contradicción que no es nuestra, es suya, del propio Gobierno. Su memoria dice: “no hacen falta recursos” Los directores dicen: “sin recursos la ley quedará vacía” Y nosotros preguntamos: ¿entonces en qué quedamos?, ¿en qué lado se posiciona el Gobierno? Porque no se puede prometer una gran transformación de la convivencia escolar y al mismo tiempo afirmar que esa transformación no va a costar un solo euro. Eso no es una política educativa. Estarán de acuerdo todos ustedes conmigo que esto no es, ni más ni menos, que una declaración de intenciones. Pero hay algo todavía más grave, porque este expediente contiene algo que sinceramente creo que debería hacerles reflexionar. Su propia asesoría jurídica les advirtió de que una de las principales novedades de la ley podía generar indefensión. Me refiero al cambio de grupo del que el consejero en su intervención también ha aclarado. El artículo 9, permite a la dirección disponer excepcionalmente del cambio temporal o definitivo de un grupo de un alumno ante una conducta disruptiva, y la asesoría jurídica no hizo una observación menor, no dijo simplemente que se pudiera redactar mejor, dijo que la medida podía resultar desproporcionada. Recordó que actualmente el cambio de grupo está considerado una medida correctora, y que cuando se aplican de conductas gravemente perjudiciales requieren la instrucción del correspondiente expediente y advirtió de algo todavía más serio, que mantener el cambio del grupo sin procedimiento podía implicar una clara indefensión para el alumno y su familia. ¿Y qué hizo el Gobierno del Partido Popular, ¿qué hicieron ustedes?, ¿retiraron la medida como les estaba pidiendo la dirección? No. ¿Introdujeron un procedimiento específico? No. ¿Incorporaron un trámite de audiencia? No. Lo que hicieron fue cambiar la explicación. Dijeron que no era una medida correctora sino educativa, como bien ha remarcado el consejero en su intervención, organizativa y preventiva. Pero, señorías, cambiar el DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8835 nombre a una decisión no cambia sus efectos sobre quien la recibe. Y si a un alumno le cambian de grupo temporal o definitivamente contra su voluntad, eso, créame, tienen consecuencias, como entiendo que todos ustedes pueden ver. Y precisamente por eso hay que garantizar derechos, proporcionalidad y garantías. No basta con decir que es que esto es educativo, porque también puede haber medidas educativas que sean desproporcionadas y también puede haber decisiones adoptadas con buenas intenciones que necesiten garantías. La autoridad de un docente no necesita menos garantías, necesita mejores garantías. Y aquí llegamos al segundo gran problema: el Consejo Escolar de Cantabria, un órgano en el que están representados los distintos sectores de nuestra comunidad educativa. Su dictamen fue aprobado por unanimidad, como también nos ha recordado el consejero en su intervención. Y quiero ser muy preciso, el Consejo Escolar no rechazó los objetivos de esta ley, los considero pertinentes, pero precisamente por eso resulta tan importante lo que dijo después. Porqu e apreció una insuficiencia formal y recomendó una nueva redacción de la ley y recomendó separar el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado, de la regulación del régimen de convivencia, como hace esta ley, y recomendó reforzar el papel del plan de convivencia. Y afirmó algo que debería estar en el centro de este debate: que el reconocimiento jurídico de la autoridad es instrumental y que no sustituye a la verdadera autoridad educativa, que se construye mediante competencia profesional, función pedagógica, coherencia ética y responsabilidad. Pero todavía fue más lejos. El Consejo Escolar dijo que la regulación de las medidas educativas y correctoras, la tipificación de conductas, la proporcionalidad, los plazos y los procedimientos no deberían tener rango de ley, sino desarrollarse reglamentariamente. ¿Por qué? Porque convertir ese régimen en ley lo hace excesivamente rígido y dificulta adaptarlo a una realidad escolar que cambia constantemente. Les digo, el Consejo Escolar pidió a este Gobierno flexibilidad y ustedes les han devuelto rigidez, les pidió una nueva redacción y ustedes han preferido mantener el proyecto; les pidió separar autoridad y convivencia y ustedes han decidido mantenerlas junta; les pidió que el plan de convivencia fuera verdaderamente el eje, y ustedes han mantenido una regulación legal detallada de conductas y medidas. Esto, créame, no es una discrepancia menor, es una discrepancia sobre el modelo educativo de Cantabria. Y permítame también que hable de participación a lo que el consejero en su primera intervención también ha hecho algún matiz, porque durante esa tramitación hemos escuchado muchas veces la palabra diálogo. Pero una cosa es informar y otra cosa es escuchar y otra muy diferente negociar y alcanzar acuerdos con quienes representan al profesorado. La Junta de Personal Docente reclamó un proceso específico de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales y esto, créame, es importante, porque si estamos hablando de autoridad docente deberíamos preguntarnos qué opinan los docentes organizados sobre cómo se construye esa autoridad. No basta con que una Administración diga que ha escuchado, hay que conseguir que quienes están en las aulas sientan que la norma también es suya, porque una ley de convivencia que no genera consenso en la comunidad educativa nace, créame, con una debilidad evidente. Y hay otra cosa que me preocupa especialmente. Ustedes dicen que esta ley tiene un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, bien, pero entonces hagamos una ley verdaderamente preventiva, porque prevenir no es solamente actuar después del conflicto, prevenir es tener orientación suficiente, es tener educadores sociales, es tener profesionales especializados, es reducir ratios cuando sea necesario, es reforzar la tutoría, es formar al profesorado, es disponer de tiempo para coordinarse, es intervenir antes de que el conflicto se convierta en violencia, es trabajar con las familias, es proteger a la víctima y evitar la revictimización, y todo eso necesita de personas, necesita organización y necesita recurso. Por eso nuestra propuesta, pues es muy sencilla, menos autoridad declarativa y más autoridad efectiva; menos ustedes son autoridad y más aquí tienen los medios para ejercerla; menos discursos sobre prestigio y mucho más respaldo institucional; menos burocracia y más tiempo para enseñar; menos improvisación y más orientación; menos soledad del docente, ante el conflicto y más estructuras de apoyo. Porque mire señorías, consejero, nosotros no queremos una ley que enfrente al profesorado con el alumno, queremos una ley que coloque al profesor y el alumno dentro de una comunidad educativa basada en el respeto. No queremos una convivencia sin normas, queremos normas claras, proporcionales y garantistas. No queremos mirar hacia otro lado ante la violencia, queremos actuar con firmeza cuando sea necesario, pero también queremos que esa firmeza sea compatible con los derechos de todos, porque autoridad no es arbitrariedad, autoridad no es ausencia de garantías, autoridad no es castigo y autoridad tampoco es una palabra que se imprime en una ley y automáticamente transforman las aulas de esta región. La autoridad se gana, se construye, se respalda y se ejerce con responsabilidad. El Partido Socialista lo tiene claro y lo ha dicho y lo digo a lo largo de toda esta intervención, no estamos petrificado sin hace 20 años, todo lo contrario. Entendemos cuál es la educación pública de Cantabria y queremos mejorarla y por eso haremos todas las propuestas que sean necesarios y mejorar la educación pública de Cantabria también es hoy venir aquí a decir que esa ley debe volver al Gobierno. DIARIO DE SESIONES Página 8836 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) Por eso nuestra enmienda a la totalidad no es una enmienda contra los profesores, es una enmienda a favor de los profesores, no es una enmienda contra la convivencia, es una enmienda para mejorarla. No es una enmienda contra la firmeza, es una enmienda para que la firmeza tenga garantías y además sea eficaz y sobre todo, no es una enmienda para que este proyecto vuelva al Gobierno y se archive, es una enmienda para que ustedes vuelvan a sentarse, para que escuchen a los profesionales, para que incorporen las recomendaciones del consejo escolar, para que atiendan las advertencias de sus propios servicios jurídicos, para que expliquen cómo van a financiar las medidas que pretenden aplicar y para que hagan una ley que realmente cambie la vida de los centros. Porque hoy ustedes tienen una oportunidad, pueden seguir defendiendo que todo está bien o pueden reconocer que hay cosas que deben cambiar. Nosotros hemos elegido lo segundo, porque Cantabria necesita una buena ley de convivencia y autoridad docente, pero no necesita una ley para que el Gobierno pueda decir que ha aprobado una ley más, saque el Excel y haga tic. Necesita una ley que sirva al profesorado, que proteja a las víctimas, que implique a las familias, que dé herramientas a los equipos directivos que garanticen los derechos del alumnado y que ponga recursos donde hoy hay problemas o una ley que no diga solamente que el profesor tiene autoridad, sino que haga que el profesor se sienta respaldado, cuando cruza cada mañana la puerta de su aula. Esa ley, señores del Gobierno, si la apoyaremos, ésta tal y como está ya les decimos que no y por eso solicitamos solo su devolución al Gobierno a través de esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias Sr. Gutiérrez. A continuación, turno a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. Tiene la palabra la Sra. Noceda. LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, señora presidenta. Saludo a todos los representantes de la comunidad educativa. Buenos días a todos. Señora presidenta, señorías, señor consejero, quiero comenzar mi exposición explicando con claridad, porqué el Grupo Parlamentario Regionalista presenta hoy una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, aunque el consejero no lo entienda. Compartimos con el Gobierno la necesidad de reforzar la autoridad, el respeto y la protección de los docentes de Cantabria, también la necesidad de actuar ante los problemas de convivencia que se producen en nuestros centros educativos, conflictos entre iguales, acoso, ciberacoso, nuevas formas de violencia digital, agresiones al profesorado y situaciones que afecten seriamente al bienestar emocional de alumnos y docentes. Señorías, no presentamos una enmienda a la totalidad para impedir que Cantabria tenga una ley de autoridad docente, más bien al contrario, presentamos una enmienda con un texto alternativo, por consideramos que el proyecto del Gobierno parte de una preocupación legítima, pero ofrece una respuesta parcial, excesivamente reglamentista y demasiado centrada en el terreno disciplinario. Consideramos que este Parlamento tiene la oportunidad de redactar una norma que proteja al profesor sí, pero también una ley que prevenga los conflictos, que proteja al alumnado, que implique a las familias y otorgue herramientas a los equipos directivos. Esos son los motivos esenciales por los que presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo a este proyecto de ley, porque nuestras diferencias no se solucionan modificando tres, cinco o diez artículos, sino que afectan a la propia concepción de la ley. Señorías, el proyecto del Gobierno pone el acento fundamentalmente en el reconocimiento de la autoridad del profesorado y dedica una parte muy significativa de su contenido a las conductas contrarias a la convivencia y a las medidas correctoras. Los regionalistas creemos que Cantabria necesita ir más allá, creemos que si vamos a aprobar una ley debemos aprovechar esta oportunidad para construir un verdadero modelo autonómico de convivencia escolar y de protección del ejercicio de la función docente, porque no basta con declarar que el profesor tiene autoridad sin construir las condiciones para que pueda ejercerla realmente; ahí está la primera diferencia que queremos destacar, pero hay más. DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8837 Como les decía, el proyecto del Ejecutivo es demasiado reglamentista y poco innovador, lleva al rango de ley cuestiones que pueden y deben tener desarrollo reglamentario. Además, reproduce contenidos que ya están presentes en la legislación estatal y la autonómica, y también presenta problemas de sistemática y técnica normativa. Y esto, señor consejero, no es una únicamente una valoración del grupo regionalista del texto de la norma, no podemos olvidar que consta en el expediente del servicio jurídico del propio Gobierno, que formula observaciones importantes a este proyecto de ley. El servicio jurídico del Gobierno de Cantabria, en su informe cuestiona aspectos de la sistemática de la norma, advierte de incongruencias en la ubicación de determinados preceptos, analiza los problemas derivados de reproducir una ley autonómica disposiciones ya contenidas en la legislación estatal o autonómica, y plantea observaciones sobre cuestiones concretas de su regulación. Y sí, Sr. Silva, en el expediente también consta otro documento firmado por el director general de calidad y equidad educativa y ordenación académica, que responde a esas observaciones y explica por qué la Consejería mantiene determinadas opciones y quiero ser precisa en ello. El Gobierno puede discrepar de su servicio jurídico, pueda argumentar porqué mantiene una determinada regulación, lo que no podemos hacer es actuar como si aquellas observaciones nunca hubieran existido, porque el segundo documento no es un nuevo informe del servicio jurídico que rectifique el anterior, es la respuesta de la consejería a las observaciones formuladas por aquel. Son documentos diferentes y es el propio documento posterior de la Dirección General de Calidad el que reconoce que el servicio jurídico plantea cuestiones relativas a la sistemática, a la reproducción de preceptos ya contenidos en normas con rango legal, a la consideración de determinadas medidas y el cómputo de determinados plazos. Y después se explica por qué la consejería discrepa o mantiene su criterio. Muy bien, pero por ello los regionalistas, nos pareció que hubiera sido particularmente útil escuchar directamente a quien elaboró el informe jurídico durante la tramitación parlamentaria. No para convertir una cuestión jurídica en un enfrentamiento político, sino precisamente para hacer lo contrario, legislar mejor, que para eso precisamente sirve en la tramitación parlamentaria, analizar los problemas detectados y tratar de mejorar la ley. Y nosotros hemos optado por hacerlo y consideramos de manera fundada que nuestra alternativa responde mejor a varias de las preocupaciones que aparecen en el informe. Señorías, el PRC estructura la ley de otra manera, separamos claramente las disposiciones generales, la comunidad educativa y la convivencia, el estatuto de la función docente y la corresponsabilidad y la prevención, detención, protección e intervención frente a la violencia. Evitamos reproducir innecesariamente legislación básica, reservamos al reglamento aquello que necesita capacidad de adaptación y de estamos en la ley, lo que debe tener: estabilidad, principios, derechos, garantías, instrumentos y obligaciones de la Administración. Pero la diferencia más importante no está en la arquitectura jurídica, está en lo que le ocurre al profesor al día siguiente de aprobar esta ley. Porque declarar que el profesor es autoridad tiene valor, pero la pregunta siguiente es inevitable: ¿y después qué?, ¿qué ocurre cuando ese profesor recibe amenazas?, ¿qué ocurre cuando se es objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales, ¿qué ocurre cuando sufren una agresión?, ¿y cuando las consecuencias de un conflicto afectan a la salud emocional? Nuestra ley responde a estas preguntas. Partimos de una idea muy sencilla: la autoridad es necesaria, pero por sí sola no basta. Nuestro texto legal alternativo parte de un cambio de modelo, reconoce la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad, pero añade un sistema integral de garantías: protección jurídica, protección institucional, apoyo psicológico especializado, protocolos de actuación inmediata, protección frente a la violencia digital, formación permanente y mecanismos estables de apoyo, y crea una unidad autonómica de apoyo al profesorado convirtiendo una declaración en una garantía. Porque la autoridad no se fortalece escribiendo la palabra autoridad en una ley, también se fortalece cuando un profesor sabe si tiene un problema grave, su administración estará detrás de él y que no le va a dejar solo. El segundo cambio de nuestro texto tiene que ver con la convivencia. Nosotros creemos que el sistema llega tarde si toda su capacidad de respuesta comienza cuando tiene que decidir qué sanción corresponde aplicar. Por eso nuestro texto incorpora prevención, educación emocional, de atención temprana, mediación, prácticas restaurativas, alumnado ayudante y reparación del daño. Y quiero evitar cualquier equivoco, no significa renunciar a las medidas disciplinarias, las conductas graves tienen que tener respuestas. Lo que hacemos es evitar trasladar a la ley un catálogo cerrado y exhaustivo de infracciones y sanciones, preservando el desarrollo reglamentario y la capacidad de adaptación a los centros. No proponemos menos autoridad, proponemos más instrumentos para ejercerla y más herramientas para evitar que sea necesario llegar a la sanción. Hay una tercera mejora importante en nuestra norma alternativa. La corresponsabilidad. La convivencia no es una responsabilidad exclusiva del profesor, también corresponde al alumnado, a las familias, a los equipos directivos, al personal de administración y servicios y, naturalmente, a la administración educativa. Nuestro texto incorpora expresamente a todos ellos, refuerza la participación de las familias, contempla compromisos de convivencia, incorpora al resto del personal de los centros y prevé apoyo técnico, organizativo y formativo para los equipos directivos. DIARIO DE SESIONES Página 8838 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) Hay además una realidad, que una ley aprobada en 2026 no puede tratar como una cuestión secundaria la violencia digital. El conflicto escolar ya no termina una vez que suene el timbre, continúa en el teléfono móvil, en un grupo de mensajería, en una red social, en una fotografía difundida sin consentimiento o en una campaña de descrédito que puede alcanzar en pocas horas a cientos de personas y afecta a alumnos, pero también a profesores. Por eso, nuestra alternativa incorpora expresamente la prevención y protección frente al ciberacoso y la violencia digital, y establece mecanismos de respuesta, asistencia y seguimiento. Otra diferencia en nuestro texto alternativo afecta directamente al día a día del profesorado. La burocracia, señorías. No tiene demasiado sentido aprobar solemnemente una ley para dignificar la función docente mientras mantenemos a los profesores sometidos a cargas administrativas que, como bien sabemos, le restan mucho tiempo para enseñar, preparar sus clases, atender a sus alumnos o relacionarse con las familias. Nuestro texto incorpora expresamente la simplificación administrativa, porque proteger la función docente también significa permitir a los docentes dedicar más tiempo a ser docentes. Y hay una última cuestión que considero especialmente importante: desde el Partido Regionalista no queremos aprobar una ley, publicarla en el Boletín Oficial y dar por terminado el trabajo, queremos saber si funciona. Por eso nuestra alternativa incorpora elementos permanentes de planificación, apoyo, seguimiento y evaluación, un plan autonómico de convivencia escolar; un plan de apoyo al ejercicio de la función docente, la (...) autonómica del profesorado, un sistema homogéneo de información y un informe anual al Parlamento de Cantabria que permita conocer la evaluación de la convivencia, las situaciones de violencia, las amenazas de agresiones al profesorado, el ciberacoso, la asistencia jurídica, el apoyo psicológico y el funcionamiento de los protocolos. Porque logislar, legislar, perdón, también significa evaluar; y si dentro de dos años algo no funciona, queremos saberlo. Señorías, llegados a este punto, creo que se entiende por qué presentamos una enmienda a la totalidad y no una colección de enmiendas parciales. Porque estamos planteando otra concepción de la ley, no discutimos entre quienes quieren autoridad por profesorado y quienes no la quieren. Todos queremos autoridad, respeto y protección para nuestros docentes. La discusión es otra: está en decidir si basta con reconocer esa autoridad o debemos garantizar también las condiciones para ejercerla; si esperamos a que aparezca el conflicto o trabajamos para prevenirlo; si depositamos fundamentalmente la responsabilidad profesor-alumno o implicamos a toda la comunidad educativa. si convertimos la ley en una regulación exhaustiva o preservamos capacidad de adaptación para el reglamento y para los centros; y si aprobamos una norma y nos olvidamos de ella, o evaluamos posteriormente los resultados. Por eso nuestro texto se denomina ley de convivencia escolar y protección del ejercicio de la función docente, porque no queremos enfrentar convivencia y autoridad, queremos integrarlas. La autoridad debe servir para proteger el ejercicio de la función docente y garantizar adecuadamente el derecho de educación y la convivencia debe construirse desde la prevención, el respeto, la responsabilidad compartida y el respeto de la administración. Hemos presentado un texto completo de 27 artículos, una alternativa que mantiene aquello que consideramos necesario: la autoridad, la presunción de veracidad y la respuesta ante las conductas graves. Y añade aquello que creemos falta: prevención, garantías efectivas, corresponsabilidad, protección frente a la violencia digital, apoyo institucional, simplificación administrativa y evaluación. Consideramos que Cantabria, preservando la autoridad del profesorado, puede tener una ley distinta e innovadora, que no se limite a proclamar la autoridad, sino que garantice su ejercicio. Que no actúe solamente ante el conflicto, si no, que también antes de que se produzca. Que no deje solo al profesor y convierta la convivencia escolar y la protección de nuestros docentes en una verdadera política pública. Ese, y no otro, es el sentido de nuestra enmienda a la totalidad, y ese es el texto normativo, perdón, el texto alternativo que sometemos a la consideración de esta Cámara. Muchas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señora diputada. A continuación, el turno en contra, único, de 20 minutos. Tiene la palabra el diputado Sr. Aguirre. EL SR. AGUIRRE PERALES: Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías, miembros del Gobierno. Saludo a los representantes de la comunidad educativa que hoy han tenido la generosidad de acompañarnos en este importante debate al inicio del período de sesiones. Un periodo de sesiones que estrenamos con algo que en absoluto es nuevo ni sorpresivo. Yo les quiero desear a todos ustedes en lo personal, en este último curso de la legislatura lo mejor en lo personal, y quizá también en lo político, porque tengo que lamentar que algunos grupos de esta Cámara nuevamente no empiecen especialmente atinados la recta final de la legislatura cosa que en absoluto es bueno para Cantabria. Estaba cantado que iba a haber una enmienda a la totalidad de la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria del Partido Socialista, lo sabíamos desde el primer día, no hace falta que diga por qué cae por sí DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8839 mismo, pero siendo sincero lo que no esperábamos era una enmienda a la totalidad con un texto alternativo del Partido Regionalista, aunque sí que viene conformar ese confort en posicionamientos extremos de izquierda que ustedes han emprendido desde hace tiempo y eso les delata. Es evidente que nosotros, como grupo que apoya al Gobierno, nos oponemos a ambos textos. Nosotros vamos a dar cumplimiento a la palabra dada, eso es algo sanísimo en democracia, señorías, con esta ley que demanda la comunidad educativa, que, como explicaba el consejero, nos comprometimos antes de las elecciones y que la presidenta elevó a compromiso de legislatura en el debate de investidura. Y no vamos a cesar en este empeño hasta que esta ley llegue al Boletín Oficial. Yo me quiero dirigir a los señores del Partido Regionalista y del Partido Socialista. Ustedes, por desgracia, están unidos en un reto común, dibujar lunes tras lunes en este Parlamento, un panorama apocalíptico en materia educativa que tengo que decirles, ya lo siento, que más allá de los militantes, disciplinados y la élite sindical de esta región, nadie se cree porque no existe. La educación en Cantabria va razonablemente bien, tiene margen de mejora por supuesto como todo, pero va razonablemente bien a pesar de sus zancadillas. Y pensar que ustedes tienen un objetivo positivo con esas enmiendas a la totalidad es tanto como decir que los cántabros admiramos profundamente a Pedro Sánchez o que sentimos cierta nostalgia por sus años de gobierno bipartito, una trola infumable. Para explicarnos mejor, sus enmiendas a la totalidad son tan beneficiosas para nuestro sistema de enseñanza, como lo puede ser la permanencia de Sánchez en Moncloa o su retorno al Gobierno, señores socialistas y señores regionalistas, creo que así me habrán entendido mejor. Lo explicaba el consejero hace unos minutos, este proyecto de ley es bueno, es necesario y ha de seguir su tramitación. Esta ley no contrapone en absoluto autoridad con convivencia, simplemente porque no puede haber una buena convivencia sin autoridad docente legítima, responsable y protegida. Esas palabras yo sé que en su ideario no caben, pero créanme que es lo que necesitan las aulas y por eso es necesario este proyecto de ley, que viene a dar respuesta a retos que tiene nuestra educación hoy. Fíjense, la creciente complejidad de la profesión docente, los docentes, además, acusan fruto de esta situación un lógico desgaste, y en paralelo a todo esto encontramos, lo decía el consejero, un alumnado con un perfil francamente dispar que se enfrenta además a retos como el conjunto de la comunidad como no puede ser la salud mental, las nuevas tecnologías, un mejorable rendimiento, no he escuchado nada del rendimiento y una notable mejora del clima escolar, que en Cantabria, desde luego no es malo. Decía el Sr. Silva, he tomado nota “A la escuela se le pide más, al docente se le pide más y se le valora menos o eso es lo que percibe el docente. Por eso esta ley tiene que ser vista como lo que es, una garantía de la buena convivencia desde el blindaje a la condición de docente” Bien, varias cuestiones sobre sus enmiendas a la totalidad. Es evidente que ustedes, señores del PSOE, señores del PRC, Sr. Gutiérrez y Sra. Noceda con estas enmiendas a la totalidad, buscan una notoriedad que no son capaces de conseguir porque carecen de programa y no son capaces de realizar aportaciones al texto presentado en el Gobierno. Ustedes no resultan creíbles, hubiera sido más sencillo que hubieran despachado el trámite con medio folio diciendo no queremos esta ley porque viene de un Gobierno del PP; ya está. Porque para tener credibilidad en política hay que tener memoria, y la suya Sra. Noceda, escúcheme con atención, Sra. Noceda y Sr. Gutiérrez es francamente frágil. Miren “Si queremos dotar de más autoridad al profesorado, no tenemos que escribirlo en una ley, el papel lo aguanta todo, la autoridad no puede darse por imposición legal, los docentes tienen que ganársela día a día”, le faltó decir que con el sudor de su frente. Y hoy dice que comparten la ley, estas palabras son suyas, Sra. Noceda, el 2 de diciembre del 2024 en esta misma tribuna ¡qué olvidadiza su intervención de hoy! Sr. Gutiérrez también algo para usted “Una ley de autoridad no es una prioridad en Cantabria, no es una prioridad, por sí sola, no va a resolver ningún problema, no da autoridad si lo aprueba este Parlamento, sino que la tiene que tener el propio docente en el aula cada día” por ciencia infusa debe ser. Pero hoy dice que necesita esta ley Cantabria y que están a favor de una ley de Cantabria. Esto es un cambio de opinión, y no lo de Sánchez. Luego son ustedes los que encima dicen que vienen a disminuirse por los docentes y les están diciendo, les decían antes allá se las apañen y con sus enmiendas en la totalidad, vienen a decir también, ahí ya se las apañen. ¿Pero a quién pretenden engañar ustedes con estas enmiendas a la totalidad, que no son más que un intento de lavado de cara y un borrado de una hemeroteca, que a ustedes les deja a la altura del subsuelo en materia educativa? Y por supuesto ni una sola palabra de la convivencia Sr. Gutiérrez, vaya papelón el que han tenido que desarrollar en esta tribuna hoy. Sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Yo, la verdad, yo no sé quién ha escrito esta enmienda a la totalidad, señor portavoz, lo sospecho pero a ciencia cierta no lo sé, sí sé y me atrevo a decir por la forma que está redactada, DIARIO DE SESIONES Página 8840 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) que no la he hecho quién la firma, el Sr. Iglesias, ni mucho menos usted; sospecho por la cantidad de falsedades, inversiones e ideas muy antiguas sobre lo que ha de ser otro sistema educativo de quién proviene, por eso entiéndame bien lo que quiero decir, Sr. Gutiérrez, de una antigua purga política no puede salir un texto que solo está hecho para aliviar el ego de alguien. Tristemente lo que presentan ustedes es un documento hecho desde el pasado, que no aporta nada y que confunde interesadamente el objeto de la ley, y una errática política educativa en su conjunto. Vamos paso a paso. Primero afirman que el proyecto de ley declara derechos y mecanismos ya existentes y que no desarrolla condiciones materiales o profesionales, incorrecto. El proyecto de ley contempla el derecho del profesorado a desarrollar su labor en un clima de orden, aunque les da alergia esta palabra, respeto y protección; la adopción de decisiones ágiles, proporcionadas y eficaces, el deber de colaboración de las familias, asistencia jurídica y psicológica; protección frente a protocolos de acoso, ciberacoso y otras formas de violencia; regula medidas preventivas, educativas restaurativa y correctoras; tipifica conductas vinculadas a la violencia digital o la suplantación de identidad, protege la comunidad educativa durante la continuidad educativa del alumnado durante la aplicación de esas medidas, y establece criterios de proporcionalidad, atenuantes agravantes y de reparación del daño. Si esto no es un proyecto de ley completo, que baje Dios y lo vea. No estamos ante una ley que confunde autoridad jurídica y pedagógica, como dicen ustedes, sino que complementan ambos aspectos, este es un error de base. Dicen también que estos aspectos, como la condición de autoridad, la presunción de veracidad y otros mecanismos, ya se recoge en la legislación estatal. Oigan ¿pero ustedes no juraron defender el Estatuto de Autonomía? En el artículo 28 reconoce específicamente las facultades de Cantabria en el desarrollo legislativo y ejecución en política educativa. ¿Pero esa es su forma de despreciar la propia labor que ustedes tienen que ejercer aquí, diciendo que renunciemos a ejercer nuestro autogobierno? Es francamente curioso. Sostienen que la convivencia no puede convertirse en un sinónimo de régimen disciplinario, poco menos esto de dar con la regla de los nudillos y que la prevención, la mediación, la educación emocional, la tutoría, la participación y las prácticas restaurativos tienen que ocupar una posición central, efectivamente y si se hubieran leído ustedes el proyecto de ley, en sus artículos 8 y 9 sabrían que reconoce explícitamente esto. Es curioso porque su enmienda a la totalidad reconoce además que las sanciones son necesarias, bueno, especialmente cuando exista violencia o reiteración, y también exigen protección de las víctimas, indemnización de la respuesta y diferenciación entre reparar, colaborar y reincidir. Todos estos criterios ya aparecen en el texto, pero la convivencia necesita prevención y unas reglas claras, a mí la verdad es que su simpleza cada día me asusta más. Reclaman que la protección de las víctimas ocupa el centro del sistema, sea inmediata y evite la revictimización, por supuesto, esto lo ha repetido también el señor portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa que dio el viernes. Esto aparece de forma expresa en el proyecto de ley, pero a la vez piden que se devuelva el proyecto de ley que protege la integridad de la víctima, adopta medidas provisionales y definitivas ¡qué incoherente, Sr. Iglesias, ¡qué incoherente! vaya gol que les volvieron a meter los suyos, escribiendo aquello que usted dijo en una rueda de prensa el viernes. Critican que no haya respuestas al ciberacoso, eso también lo dijo usted, Sr. Iglesias, y está muy feo que un portavoz mienta en la tribuna o en la sala de prensa de este Parlamento. Si se hubiera leído el proyecto de ley, sabría que empezando por la propia definición de acoso escolar, artículo 15, define con claridad que es el acoso escolar y habla del ciberacoso. Hablan de coordinación del marco penal, sin invadir competencias estatales, otra vez no se han leído el proyecto de ley, artículo 20: “Cuando los hechos puedan ser constitutivos de infracción penal la dirección del centro informará tanto a l a autoridad educativa como al ministerio fiscal” Insisto, para no pegar ustedes palo al agua, en todo el verano han empezado francamente flojos el mes de septiembre. La asistencia jurídica y psicológica, que piden en una reclamación por agresión, se contempla en el artículo 7, luego ya mezcla una cantidad de asuntos como las plantillas, las ratios, los profesionales de apoyo y refuerzo, la tutoría, la burocracia, les ha faltado decir que la paz en el mundo y en la lucha contra el cambio climático. Pero todo eso, señorías, son aspectos no menores, claro que si, no encajan en el marco normativo que busca impulsar esta ley, hablen de una ley, hablen de una reforma de ley de la ley educativa de Cantabria, atrévanse, trabájenla. ¡Vamos!, más sobrecarga de temas que el joyero de Zapatero, pero esos asuntos no pueden resolverse con una ley de autoridad docente y convivencia. Dicen que la protección frente a agresiones y amenazas debe extenderse a orientadores, educadores... Esto también lo repitió el Sr. Iglesias, el viernes cuando leyó aquello que le escribieron. Pero es necesario distinguir dos cuestiones: por un lado, la protección de todas las personas que trabajan en los centros, cosa que este Gobierno ejerce desde el minuto uno; y otra, la atribución de la condición jurídica de autoridad pública. Y aquí ustedes no pueden estar más acertados, porque proteger a todos no exige atribuir a todos la misma posición jurídica, ni desdibujar la finalidad específica de una ley de autoridad del profesorado. Sostienen que esta norma tiene que medirse por su capacidad DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8841 de reducir conflictos, proteger víctimas... Claro, por eso quieren devolver el texto sin más, sin ofrecerle una sola alternativa, quieren vaciar de instrumentos a este Gobierno. Qué irresponsables ustedes. Miren, en suma, su enmienda a la totalidad es un buen remite de excusas para oponerse al paso más valiente que ha dado la administración educativa en la historia de Cantabria desde que somos autonomía, y todo porque viene de un Gobierno del Partido Popular. Y, por cierto, Sr. Gutiérrez, deje de pervertir la labor, de intentar pervertir la labor del Consejo Escolar. El Consejo Escolar en su dictamen emite recomendaciones o pide, efectivamente, que se modifique el proyecto de ley. Y esas recomendaciones, y se hubiera leído el proyecto de ley, sabría que están en prácticamente su totalidad integradas en él, en el proyecto que el Gobierno ha remitido a esta Cámara. Por tanto, trabaje más y procure gritar menos. Finalmente, pedía el otro día el portavoz socialista en rueda de prensa más medios. ¿Le parece poco un presupuesto histórico de 786 millones, 139 más de los que dejaron ustedes presupuestados cuando salieron del Gobierno? Pide apoyo jurídico. Debe ser que esta ley, que garantiza por como con estatus legal la autoridad del docente, no es prestar apoyo jurídico. Y lo que más me ha gustado, piden un refuerzo de las plantillas con 10.000 alumnos menos, señorías, casi hoy hay más docentes que cuando ustedes salieron del Gobierno. Insisto, con 10.000 alumnos menos hoy hay más docentes que cuando ustedes salieron del Gobierno. Entonces no sé muy bien de qué me quieren hablar. Sobre el Partido Regionalista tengo que decirle, Sra. Noceda, que me alegra ver lo aplicados, interesados que están hoy en la oposición para lo poco que hicieron desde el Gobierno en materia educativa. Decía que me había sorprendido su enmienda a la totalidad con texto alternativo. Pero yo no esperaba que fueran a llegar tan lejos en ese buenismo vacío al que se ha referido el consejero de Educación. Bueno, es que ustedes en educación siempre miran a la extrema izquierda, ¿verdad?, y sobre todo felices y convencidos, ¿verdad que sí Sra. Fernández? Me temo que de nuevo esa ambigüedad que aplican, pero de forma selectiva, les va a dejar fuera de la partida. Confunden mayor extensión, con mayor calidad normativa, error. Desplazan completamente toda seguridad jurídica a un futuro desarrollo normativo, un “ya te pagaré mañana” al más puro estilo PRC y, de poco o nada sirve lo que presentan si, de verdad quieren atajar los problemas que hoy se dan en las aulas de Cantabria. Para que se me entienda, su grupo, su enmienda a la totalidad es pura niebla Sra. Noceda. Dicen que el proyecto ofrece una respuesta insuficiente porque no articula un marco integral de prevención, corresponsabilidad...Incierto, porque la ley no se limita a reconocer la autoridad pública. Lo que pasa es que ustedes quieren eliminar toda concreción legal para contentar a esa izquierda suya a la que le da alergia a las normas, Sra. Noceda. Pero para eso no cuenten con nosotros. Sostienen que la ley, construye la regulación de una forma reduccionista alrededor de la autoridad docente y que aparece como una prerrogativa fundamentalmente formal. No es cierto, esta ley no concibe la autoridad docente como un privilegio personal, le proporciona a los docentes una garantía funcional para proteger el derecho de todo lo de todos los alumnos a ejercer en un clima de respeto. Usted debiera conocer lo que es docente, ejercer su trabajo en un clima de respeto. Esta ley usted le hubiera agradecido mucho en sus años en las aulas. Criminaliza la ley presentándola como sancionadora, diciendo que relega la educación emocional. Pero qué visión más simple, insisto, la ley previene antes el conflicto, ofrece instrumentos para restaurar siempre que sea posible y actúa con claridad cuando se vulneran gravemente los derechos. Todo lo que no sea esto, son gotas de lluvia en el mar, Sra. Noceda. Critican que se tipifiquen las conductas y ustedes proponen fiarlo al desarrollo normativo. Lo que ustedes llaman flexibilidad, se va a acabar convirtiendo en desigualdad; lo que denomina reglamentarismo, es en realidad una garantía legal de este Gobierno; y todo lo enmascaran en la prevención, que es lo importante, claro, pero los centros necesitan instrumentos claros, esos que ustedes nunca les supieran ofrecer desde el Gobierno. Reprochan que se produzcan contenidos estatales. Les digo lo mismo que el Partido Socialista, cuánto más completos sea nuestro marco jurídico, mucho mejor. Dicen también que el texto del Gobierno mezcla principio, derechos, medidas. No. Este proyecto de ley sigue una estructura lógica, como todas las leyes y la calidad de una norma no hay que ser tan simple de medirlos por la cantidad de artículos o de títulos, sino por la claridad de las reglas y su capacidad de aplicación. Contrariamente a lo que ustedes dicen, el proyecto de ley del consejero Silva respeta la autonomía de los centros, y esto es capital para el éxito de las medidas, la autonomía bien entendida, que no implica desregularización. Los centros necesitan capacidad de adaptación y respaldo legal, reglas comunes y límites claros, porque para abandonarlos a su suerte ya estuvieron ustedes durante la gestión de la pandemia, ¿lo recuerdan? Porque ellos sí. Los propios centros reclaman un marco común, se nota que no hablan con los equipos directivos o con los claustros. Llama la atención que presenten como novedad, decía el otro día la Sra Fernández, que regula el ciberacoso. Otra que no se han leído el proyecto de ley, artículo 15, extiende perfectamente este proyecto de ley, su ámbito de aplicación, a medios electrónicos, telemáticos, tecnológicos, vinculados a la función docente o la actividad educativa. Aquí no descubre usted nada nuevo, otra vez Sra. Fernández, quiero decir. ¿Y qué aporta como novedad el texto que presentan? Pues francamente poco, Sra. Noceda, la creación de una unidad de apoyo al profesorado, que no termino de entender. Un protocolo de respuesta de 24 horas, un informe anual a este parlamento y la eliminación completa de la ley de infracciones DIARIO DE SESIONES Página 8842 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) y sanciones. Sra. Noceda, todo esto, créame, que podían haber lo hecho con enmiendas parciales más con un texto, que sabe que está con un Gobierno que está abierto al diálogo. En definitiva, ustedes pretenden convertir una ley capital de nuestro sistema educativo, en un café descafeinado, aguado más bien, a base de inconcreciones, reiteraciones y todo lo sustancial fiado al desarrollo normativo. Fundamentalmente es eso, pero por nuestra parte tenemos el conocimiento de que nuestras, sus aportaciones se pueden estudiar para incluir en el texto. Entendemos que resulta desproporcionado la devolución total a este, este texto, y eso nos lleva a pensar que ustedes, como el Gobierno de la Presidenta Buruaga, ha presentado una muy buena ley, mejorable, como todo en la vida eh, pero muy buena ley, y necesaria a la que no se pueden oponer sin adornarlo un poquito. Como ha sido ampliamente participado y sometido a una revisión notable, aunque no se ha dicho todo lo que ustedes quieren que se diga; como líneas generales, los comparecientes en este parlamento han mostrado su parecer favorable, insisto, un dictamen unánime de la comisión permanente del Consejo Escolar, y como ustedes tienen que ir sí o sí de la mano de la izquierda política y sindical de este país, porque creen que así no van a van a parar de perder votos a chorro, presentan esta enmienda a la totalidad que saben que no podemos aprobar para justificar su futuro voto en contra. Es así de simple y es así de triste, mejor sería que fueran honestos y reconocieran desde ya lo que les acabo de decir. Les agradecemos y reconocemos, no obstante, su trabajo a ustedes y a la inteligencia artificial. Para presentar este giro de 180 grados que decía, la nueva lideresa del Partido Regionalista a la ley de autoridad de docentes. Vaya cuajo el suyo Sra. Fernández, vaya, vaya, vaya, vaya, si esto es lo que le espera a su partido para los próximos años. Insisto, Cantabria necesita esta norma porque va a mejorar nuestro sistema educativo porque es un texto necesario útil que suma, y mucho. Y, señorías, no podemos perder más oportunidades, ya tuvimos bastante de esto en sus años de Gobierno. Es el momento de que los diputados de esta Cámara demostremos que estamos a la altura de los retos que los cántabros nos han llamado a gestionar y a representar también en materia educativa. Su actitud hoy, señores del PSOE, denota una preocupante desesperación electoral. Se les enseñó el texto antes que nadie. El consejero se reunió con ustedes, usted estaba en esa reunión y no abrió la boca, Sr. Gutiérrez. (Murmullos desde los escaños) No propusieron ningún cambio entonces... Sr. Iglesias, que elocuente está usted ahora para las meteduras de pata que hace cuando sale del hemiciclo. No propusieron ni un solo cambio entonces y ahora tampoco, y sus aportaciones en comisión fueron nulas o tímidas, en el mejor de los casos. Las suyas no, señor Iglesias, que no estuvo. (Murmullos desde los escaños) Y ahora presentan, se presentan... En comisión usted no estuvo. Guarde silencio cuando hablo yo, por favor. (Murmullos desde los escaños) LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Bueno, Sr. Aguirre quien dirige el pleno soy yo, entonces no es ningún diálogo. Usted, céntrese en lo suyo. EL SR. AGUIRRE PERALES: No, yo me estoy refiriendo a lo que ha ocurre. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Sr. Aguirre... EL SR. AGUIRRE PERALES: Y ahora se presentan, ¿verdad señores regionalistas?, como salvadores de un sistema que desatendieron cuando gobernaron o que maltratan sin ruborizarse desde el Gobierno de España, ¿verdad que si, señores del PSOE? Esta región no necesita ni la destrucción pasiva del PSOE ni el buenismo vacío e impostado del PRC. Sus enmiendas, solo aportan eso, el no por el no a base de mentiras y desconocimiento o la prosa hueca de la Sra. Noceda Termino esta primera intervención señalando, señores diputados, que estoy seguro de que este Gobierno está decidido a movilizar todos los recursos que estén a su alcance y adoptar medidas para que todas las que hagan falta sean DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8843 necesarias para seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo. Por cierto, una referencia nacional, a pesar del Gobierno de España y su nefasta Ley Celaá y, desde luego, mi grupo parlamentario y este Gobierno no va a detenerse en esa tarea. Es por ello que nos oponemos a ambos textos y defendemos la necesidad de que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno continúe su tramitación para que entre en vigor y comienza a desplegar sus efectos cuanto antes. Muchas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señor diputado. Para la fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, el Sr. Blanco, por el tiempo de diez minutos. EL SR. BLANCO TORCAL: Bien, gracias presidenta, en esta nueva y por supuesto trepidante apertura político. Señorías, señores socialistas, señores regionalistas, como ustedes bien supondrán, ya les adelanto que votaremos en contra de ambas enmiendas a la totalidad que permítanme que les diga, incomprensiblemente, han presentado y además que lo haremos con argumentos muy similares, porque al fin y al cabo ninguno de ustedes realmente cree que sea necesario el reconocimiento de la autoridad del docente, lo que nos resulta como les decía, altamente incomprensible, porque en esta ocasión permítanme que les diga que se han quedado solos. Y no me refiero a que se hayan quedado solo desde un punto de vista político en esta Cámara, en este Parlamento, sino a que se han quedado solos desde un punto de vista social. Porque esta ley de autoridad docente, impulsada por VOX y ejecutada por el Partido Popular, cuenta con el apoyo unánime de los representantes del sector unánime, de las familias, del profesorado, de la junta de personal, de los docentes, de los estudiantes, de los sindicatos del Consejo Escolar de Cantabria y aun así han decidido presentar sendas enmiendas a la totalidad. El caso del Partido Regionalista es aún más sorprendente que el socialista, al final estos últimos han solicitado la devolución del texto al Gobierno, sin embargo los regionalistas han presentado un texto alternativo, probablemente fruto de su inversión en las nuevas tecnologías, porque no creo de verdad, señorías, que hayan dedicado el mismo tiempo y esfuerzo que hemos dedicado VOX y el Partido Popular para que esta ley sea una realidad, simplemente porque no creen en el texto alternativo que nos han presentado y a los hechos me remito. Durante estos últimos ocho años de Gobierno, cuatro de ellos con responsabilidad en la educación no consideraron necesaria una ley, no ésta, ninguna; votaron en contra de la iniciativa que VOX presentó el 2 de diciembre de 2024 para impulsar una ley y también votaron en contra de esta iniciativa que presentamos el 3 de noviembre de 2025 para impulsar una ley. Y después de esto pretenden que creamos que han tenido una epifanía y ahora sí ven necesaria una ley de autoridad del docente, va a ser que no. Ustedes han presentado un texto alternativo porque no saben cómo justificar su voto en contra, cuando todos los representantes del sector están a favor de la ley que estamos tramitando, incluso su sindicato radical de extrema izquierda, Sra. Noceda, y por eso han articulado esta mentira, que es lo que representa su texto alternativo. Mienten, como ha mentido el Revillismo toda su vida, y, como parece, empieza a mentir el Paulismo bajo esa estrategia de oportunismo déjenme que les diga mal, entendido. Y si los regionalistas agachar la cabeza, miran para otro lado e intentan engañar a los ciudadanos, los socialistas buscan el caos, el enfrentamiento, la destrucción de la convivencia, la negación de la autoridad, la destrucción de la inicia tiva y de la protección de los ciudadanos. Y es lo que aplican a todos los ámbitos de nuestra sociedad aplican el caos en nuestra querida Ceuta, buscan el enfrentamiento constante con la ley de revancha histórica; persiguen la iniciativa privada mientras protegen a los okupas y niegan la Ley de Autoridad del Docente solicitada por todo el sector, porque la única autoridad que ustedes quieren es la de los golpistas de salón, quebrando hasta los censos electorales para mantenerse en el poder. Su texto, señores socialistas, rezuma excusas, medias verdades, complejos y manipulaciones sectáreas que, no por ser habituales en su forma de actuar, dejan de ser sorprendentes y negativas. Tratan de negar la autoridad del profesorado utilizando cuestiones que nada tienen que ver con esa realidad en el mundo educativo y, sin embargo, obvian la realidad plasmada en el último informe del Defensor del Profesor, que recoge que, en términos relativos, han aumentado los problemas con las familias y los problemas con los alumnos. Obvian que de los problemas reportados con las familias aumentan, tanto en términos absolutos como relativos, las faltas de respeto y la presión con las notas, y obvian también que de los problemas reportados con los alumnos los más repetidos son las faltas de respeto con el 17,2 por ciento, los problemas a la hora de dar clase, con el 17,3 por ciento, las falsas acusaciones con el 15,6 por ciento, las amenazas a nuestros docentes con el 10,1 por ciento, y el acoso a nuestros maestros, con el 5,2 por ciento. DIARIO DE SESIONES Página 8844 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) Y lo obvian, porque para ustedes en un aula de 20 alumnos solo tiene derecho el alumno, que infringe la norma y no entiende lo que significa el respeto y la convivencia, pero los derechos del profesor y de los otros 19 alumnos a recibir una educación bajo el amparo del respeto a las normas, no les importa en absoluto. Tampoco les importan los resultados del informe PISA ¿o acaso se han preguntado qué efecto tiene la falta de autoridad del docente en el aprendizaje de los alumnos? Probablemente no. De la misma forma que probablemente tampoco se hayan preguntado los efectos que tiene su desastrosa Ley nacional de Educación, que prima la indolencia y la falta de esfuerzo. Reconocen eso sí que el profesorado necesita autoridad, protección y respaldo, pero reniegan de una ley de autoridad docente que les garantiza estas cuestiones sin plantear ninguna otra alternativa. Afirman que esta ley empobrece el modelo de convivencia existente, cuando precisamente su modelo, el socialista, impuesto durante décadas es el que ha socavado el respeto en las aulas, siendo tolerante con el agresor. Reclaman una bajada de la ratio, asociando demagógicamente ratio y autoridad, cuando precisamente ahora que nos encontramos con las ratios más bajas de la historia, es cuando menos autoridad se profesa a nuestros docentes. Vinculan las cuestiones laborales a la falta de autoridad en las aulas, insinuando que los docentes no la ejercen porque no cobran lo suficiente, lo que es simplemente un argumento despreciable, además de ser mentira. Hablan falsariamente de que el objetivo de la ley no debe ser castigar una conducta cuando saben que esta ley no promulga castigo como un fin en sí mismo, sino como un medio necesario para garantizar el respeto y la convivencia en el aula. Y mencionan que una ley no puede evaluarse por el número de expedientes abiertos, ni por la cantidad de sanciones impuestas cuando precisamente lo que busca esta ley es recuperar la autoridad natural del profesorado, minimizando así una vez conseguida los expedientes y las sanciones. Lo que no hace esta ley, señores socialistas, es mentir ni perseguir o maniatar a los centros van los profesores para ocultar la situación real de las aulas como impusieron ustedes, desde luego que no lo hace. Como les decía, señorías, esta ley tiene el apoyo no solo de VOX o del Partido Popular, sino de todos los representantes del sector, de las familias, del profesorado, de la junta de personal, de los centros, de los estudiantes, de los sindicatos del Consejo Escolar de Cantabria, y esto es simplemente porque esta ley es buena, entiende la realidad de las aulas y comparte la reivindicación de los docentes, así de sencillo. Y para entender la necesidad basta con leer parte de un texto presentado por ANPE hace años y al que me suelo referir cada vez que debatimos sobre la necesidad de la autoridad del docente por lo clarificador y didáctico que es. Dice “Para que el profesorado pueda asumir las responsabilidades que la sociedad le encomienda ha de sentirse seguro en su papel, reconocido en su función, apoyado y reforzado en su autoridad, sin cuyo ejercicio no desempeñará de forma adecuada su compleja labor. Sin la autoridad, el profesor no podrá guiar a los niños y a los adolescentes en su desarrollo intelectual, sin autoridad no podrá hacer crecer a los alumnos como personas, sin autoridad estará incapacitado, para inculcar les con algunas posibilidades de éxito los valores cívicos y los comportamientos democráticos, sin autoridad, en fin, sufrirá su autoestima y disminuirá su prestigio profesional” Y precisamente, señorías, esta ley impulsada por VOX y ejecutada por el Partido Popular busca precisamente dar respuesta a todas estas cuestiones. Muchas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr. Gutiérrez. EL SR. GUTIÉRREZ MARTÍN: Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, de nuevo. Voy a empezar esta segunda intervención dejando algo muy claro, después de haber escuchado al resto de grupos parlamentarios mi posición no ha cambiado, la posición del Grupo Socialista no ha cambiado y no ha cambiado, porque los argumentos que he expuesto en mi primera intervención no son argumentos de oportunidad política, son argumentos que están en el propio expediente de esta ley. No estamos diciendo que exista algún problema de convivencia en nuestros centros, no estamos diciendo que el profesorado no necesita respaldo, no estamos diciendo que no haya que proteger a quien enseña y, desde luego, no estamos DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8845 diciendo que no sea necesaria una respuesta firme ante las agresiones, el acoso o las conductas que hacen imposible el normal desarrollo de una clase. Estamos diciendo algo bastante más sencillo, para un problema importante necesitamos una buena ley y este proyecto no es una buena ley, y por eso mantenemos nuestra enmienda a la totalidad. Pero precisamente porque estamos hablando de una cuestión tan importante creo que esta segunda intervención debe servir también para decir algo más, porque hoy tenemos delante una circunstancia que sinceramente creo que el Gobierno del Partido Popular debería aprovechar. Tenemos una oportunidad para construir una ley de autoridad docente que no sea la ley de un gobierno, sino la ley de toda Cantabria, y esa posibilidad hoy existe y existe, porque en esta Cámara hay propuestas que contienen elementos que pueden servir para alcanzar consensos. Me refiero en particular al texto alternativo presentado por el Grupo Regionalista, quiero decirlo con claridad nosotros hemos presentado nuestra propia enmienda a la totalidad y defendemos nuestra propia alternativa, no seré yo el que se convierta en el portavoz del Partido Regionalista, pero tampoco vamos a caer en el error de negar que en su texto hay planteamientos que merecen la pena escuchar, porque si de verdad queremos hacer una buena ley tendremos que ser capaces de reconocer las cosas que están bien planteadas, vengan de donde vengan. Pero también me van a permitir que les diga que vengan de donde vengan, pero que no todo vale. Hoy la portavoz de VOX de la ultraderecha de este Parlamento, gracias por decirlo tan claramente, han dicho que ustedes plantean la ley y el Partido Popular la ejecuta, porque sí, es en su propia descripción lo que está ocurriendo. Lo que están reconociendo ante esta Cámara, que algo créanme que es políticamente muy relevante, que quien marca la agenda de este Gobierno no es el Partido Popular sino VOX, y especialmente en el ámbito educativo, algo que habrán escuchado a este portavoz, decir a lo largo de esta legislatura. Ustedes, ustedes ponen las condiciones y el Partido Popular las convierte en leyes. Ustedes, VOX, señala el camino y el Gobierno de la Sra. Buruaga lo recorre, y hoy, señorías del Partido Popular, deberían preguntarse si han venido aquí a defender su propio proyecto educativo o a ejecutar el programa de la ultraderecha, como parece que queda evidente cada vez que debatimos de educación. Miren, hoy el Gobierno tiene una oportunidad la tiene delante, y quiero dirigirme directamente a la presidenta Buruaga, porque ella hoy puede hacerlo, puede levantarse hoy aquí y decirle a esta Cámara que entiende que una cuestión como la autoridad docente y la convivencia escolar merece algo más que sacar adelante el texto que ha traído el Sr. Silva, puede decir que este asunto es demasiado importante como para convertirlo en una batalla partidista, puede decirle que quiere una ley que dure, una ley que sobreviva esta legislatura; una ley que pueda ser defendida dentro de 10 años por profesores, por familias, por equipos directivos y por cualquier gobierno de Cantabria. Puede retirar el texto que ha traído hoy aquí el Sr. Silva y abrir una negociación real con todos los grupos parlamentarios, y si hace eso créame encontrar al Partido Socialista sentado en esa mesa con nuestra posición, con nuestras propuestas, con nuestras exigencias, sentado, porque nosotros no venimos aquí a bloquear una ley de autoridad docente y cuando decimos que queremos consenso lo decimos de verdad, Sr. Aguirre, parece que le preocupa que el Partido Socialista venga a esta Cámara a decir que nos gustaría sacar una ley por consenso de todos los grupos. Venimos a impedir que se apruebe una mala ley de autoridad docente, que es la que ha traído el Gobierno del Partido Popular, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Nosotros queremos una ley que reconozca la autoridad del profesorado, que garantice su protección jurídica, que garantice apoyo psicológico cuando sea necesario que reduzca burocracia, que refuerce la orientación, que mejore las condiciones en las que trabajan los docentes, que proteja a las víctimas, que dé herramienta a los equipos directivos que implica las familias, que refuerce la prevención, que actúe contra el acoso y el ciberacoso, que respete la autonomía de los centros, que establezca garantías para todos y, sobre todo, que ponga a la Administración a hacer su parte. Porque este es el gran debate de fondo, la autoridad docente no puede descansar únicamente sobre los hombros del profesor, no podemos decirle al docente, usted tiene autoridad, ahora arréglelo. No, la autoridad docente es una responsabilidad compartida, del profesor, del equipo directivo, de las familias, del alumnado, de los servicios de orientación, de la inspección y por encima de todos ellos, de la Administración educativa. Por eso nos parece especialmente importante que el texto alternativo del PRC diga expresamente que corresponde a la Administración proporcionar los recursos personales, materiales y organizativos necesarios para hacer efectivo ese sistema de garantías, porque es precisamente la pregunta que sigue sin contestar adecuadamente el proyecto que hoy debatimos del Gobierno del Partido Popular, de la Sra. Buruaga ¿qué recursos va a poner el Gobierno para que todo esto que el Sr. Silva, durante 20 minutos de exposición y el portavoz del Partido Popular en otros 20 minutos de exposición, nos han explicado qué recursos va a poner el Gobierno de Cantabria, para que esto se cumpla? Porque en el papel negro sobre blanco lo que dicen es que no necesitan más recursos, que esto por arte de birlibirloque pum aparece, que eso se va a hacer cumplir sin un euro, sino un euro más, porque créame, si no ponemos recursos estaremos haciendo exactamente lo que denunciamos, estaríamos aprobando una ley para decirle a los profesores DIARIO DE SESIONES Página 8846 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) que tienen autoridad mientras dejamos que sigan enfrentándose solo a determinados problemas, y eso no es proteger al profesorado, eso es trasladarle al profesorado, una responsabilidad que corresponde también a la Administración. Miren, yo no quiero terminar esta intervención hablando únicamente de lo que nos separa, quiero terminar hablando de lo que todavía podemos construir juntos, porque hoy no estamos condenados a elegir entre una ley del Gobierno y que Cantabria se quede sin una Ley de Autoridad Docente. No, hay otra posibilidad, podemos devolver este proyecto del Gobierno, podemos escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios, podemos escuchar de verdad a los docentes, podemos incorporar aquello que funciona, podemos corregir aquello que genera inseguridad jurídica. Podemos poner recursos, podemos reforzar la prevención, podemos proteger a las víctimas, podemos garantizar al docente asistencia jurídica y psicológica, podemos reforzar la orientación, podemos establecer mecanismos de evaluación, podremos garantizar la autonomía de los centros y podemos construir una ley que tenga detrás una mayoría parlamentaria mucho más amplia que la mayoría que sostiene al Gobierno más la ultraderecha, una ley de todos. Y por eso, presidenta Buruaga, se lo digo con absoluta claridad, todavía está usted a tiempo, retire este proyecto, devuélvalo al Gobierno, siéntense con los grupos, negocie, escuche y hagamos entre todos la ley que el profesorado de Cantabria merece, porque si ustedes mantienen el texto tal y como está, nosotros mantendremos nuestra enmienda a la totalidad, no porque nos sobre autoridad docente, no porque no queramos proteger al profesorado, no porque no queramos mejorar la convivencia, sino precisamente porque queremos hacerlo bien, porque los profesores no necesita que les digamos que tienen autoridad, necesitan que la Administración haga que esa autoridad sea efectiva y los alumnos no necesitan únicamente que les digamos qué conductas están prohibidas, necesitan aprender a convivir. Y las familias no necesitan solamente que les digamos cuáles son sus obligaciones, necesitan formar parte de la solución, y los centros no necesitan únicamente más normas, necesitan más recursos, más autonomía y más apoyo; y las víctimas no necesitan únicamente que las mencionemos en una ley, necesitan protección inmediata. Eso es lo que nosotros defendemos y es lo que esta enmienda a la totalidad pretende abrir. Por eso mantenemos nuestra posición, pero también dejamos hoy una puerta abierta, una puerta al acuerdo, una puerta al consenso, una puerta a una ley mejor. Presidenta Buruaga, Sra. Buruaga, la decisión es suya, puede sacar adelante una ley de su gobierno o pueda aprovechar esta oportunidad para construir una ley de Cantabria. Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero para hablar de una buena ley hay que empezar por retirar esta. Y esa es la razón por la que seguimos manteniendo nuestra enmienda a la totalidad. Gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revelta): Gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Regionalista tiene la palabra la Sra. Noceda. LA SRA. NOCEDA LLANO: Gracias, señora presidenta. Bien, después de escuchar tanto al consejero y al portavoz, quiero empezar por lo que han venido diciendo y expresan sobre nuestra enmienda, que la clasifica de error y que el PRC y el PSOE nos hemos alineado para oponernos a reforzar la posición del profesorado, en mejorar la convivencia y nos han llegado a decir que nuestra propuesta lo califican de inmovilismo o buenismo general. Creo, Sr. Aguirre, que no nos ha escuchado, porque puede discrepar de nuestra enmienda, lo creo, pero después de ver el texto alternativo que hemos presentado resulta difícil, seriamente difícil, decir que los regionalistas nos oponemos a reforzar la autoridad del profesorado. Porque mantiene la consideración del docente como autoridad pública, mantiene la presunción de veracidad, mantiene una respuesta con las conductas graves y además añade protección jurídica, apoyo psicológico, protección institucional, protocolos de actuación... Yo creo que no es oponerse o reforzar al profesor y tampoco inmovilismo presentar 27 artículos que hemos presentado, como cuando nos podíamos haber limitado simplemente a pedir la devolución del proyecto. Creo que en nuestro texto lo que hace, precisamente, es configurar un sistema de garantías jurídicas, institucionales, organizativas y personales. Por tanto, señor portavoz, discutamos de la ley, discutamos de modelos, pero no simplifiquemos el debate, hasta convertirlo en una elección entre quienes defienden al profesor y quienes supuestamente no lo hacemos, porque ese debate no existe. Nosotros defendemos la autoridad del profesor, lo que discutimos es cómo hacerlo efectiva. Hay una segunda afirmación que ha dicho usted hace un rato. Usted ha dicho, Sr. Aguirre, que no hay concreción legal, que, frente a la propuesta y buenismo general, sin descender al plano de lo concreto Mire, vayamos a lo concreto. Concretos es establecer asistencia jurídica; concreto es establecer apoyos psicológicos especializados; concretos es prever una respuesta inmediata cuando un docente sufre una agresión; concreto es regular específicamente la protección frente al ciberacoso y la violencia digital; concretos es crear una unidad autonómica de apoyo al profesorado; concreto es obligar a la administración a reducir cargas burocráticas y crear un plan de apoyo al ejercicio de la función de la función docente, y DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8847 también concreto es exigir lo que yo he explicado antes en nuestra propuesta, un informe anual al Parlamento, para saber cuántas agresiones se producen, qué asistencia reciben los profesores y si los protocolos funcionan, que es nuestra alternativa. Por tanto, no confundamos prevención con, con buenismo, porque prevenir no significa mirar para otro lado, significa intentar que la conducta no llegue a producirse y cuando su se produce nuestra ley permite intervenir y corregir. Lo dije en la primera intervención, yo ahora mismo lo ratifico: nuestro texto no elimina el régimen disciplinario, lo integra dentro de un modelo más amplio de convivencia. Además, una contradicción en el argumento del Gobierno. Cuando se presentó el proyecto el Sr. Silva pretendía, dijo, “un enfoque preventivo restaurativo y preferente educativo”. También explicó que la autoridad y la convivencia eran complementarias. Si estamos totalmente de acuerdo con eso, porque es precisamente nuestra discrepancia. Nosotros consideramos que esos principios deben tener una traducción mucho más intensa en la arquitectura de la ley. Por eso incorporamos educación emocional, detección temprana, mediación, alumnado ayudante, prácticas reparativas. Que no estamos negando el objetivo, estamos diciendo que nuestro texto lo desarrolla de otra manera. Por otro lado, usted dijo medios que nosotros hacíamos, todo esto por, lo consideraba electoralista el presentar la enmienda el último día de los plazos. Los plazos, señor consejero, en los parlamentos existen precisamente para utilizarlos. Una enmienda presentada dentro de plazo es presentada en plazo. Hay una diferencia entre presentar una enmienda para hacer ruido y hacer trabajo de redactar una ley alternativa completa, y hemos presentado dos páginas diciendo que no nos gusta su proyecto, lo que hemos lo que hemos hecho en vez de hacer esto, hemos redactado un modelo reflejando un texto alternativo, que lleva su trabajo. Porque después de analizar el proyecto y estudiar el expediente, valorar las observaciones jurídicas y trabajar una alternativa, hemos presentado 27 artículos, o sea, que no creo que eso sea no haber trabajado y no haber estudiado y no haber presentado para que no se nos tache ese trabajo como electoralista. También usted dijo, recuerdo, en los medios que, en junio, que esperaba que no hubiera enmiendas a la totalidad y que las discrepancias de los grupos se canalizarán mediante enmiendas parciales. Bueno, esa decisión no le corresponde a usted decirlo, para eso estamos los grupos parlamentarios, para decidir si presentamos o no presentamos enmiendas parciales. Y después, quiero detenerme antes de acabar en otra de las afirmaciones, que el mejor de garante de la convivencia es el docente. Totalmente de acuerdo. El profesor siempre ocupa una posición esencial, pero no puede ser el único garante, porque si convertimos al profesor en responsable único de la convivencia y después no ponemos detrás a las familias, a los equipos directivos, al resto del personal y sobre todo a la Administración, corremos el riesgo de reconocerle mucha autoridad sobre el papel y dejarle demasiada responsabilidad en la práctica, porque nuestro texto precisamente es parte de la corresponsabilidad profesorado, alumnado, familias, equipos directivos, personal de administración y administración educativa. Que eso no debilita el profesor, al contrario, lo protege. Por eso compartir responsabilidades permite que el profesor no tiene que cargar solo con ellas. Y termino esta primera, después de escuchar los argumentos, vamos a mantener nuestra enmienda a la totalidad, totalmente de acuerdo y mantenemos nuestro texto alternativo. Porque no solo cuestionamos la autoridad docente si no que queremos que la autoridad tenga garantías, instrumentos y respaldo institucional. No queremos sustituir autoridad por convivencia, queremos integrar ambas. No queremos eliminar la respuesta disciplinaria, queremos que exista prevención de extinción, y queremos una ley que diga únicamente que tienen que hacer profesores, alumnos y centros. Queremos una ley que establezca también que está obligado a hacer la Administración. Y sobre la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista hay que comenzar reconociendo que tenemos coincidencias importantes en el diagnóstico. El PSOE considera que el proyecto del Gobierno desarrolla insuficientemente condiciones reales para ejercer la autoridad docente, efectivamente reclaman medios, tiempos, recursos, cuestiona la duplicación piden mayor autonomía profesional protección jurídica y defiende un modelo de convivencia pasado basado en prevención, mediación, educación emocional, participación y prácticas respectivas. En muchas de estas cuestiones coincidimos. También compartimos que reconocer jurídicamente la autoridad no resuelve los problemas cotidianos del profesorado y compartimos la necesidad de específicamente al ciberacoso, a las grabaciones y difusión no autorizada de las imágenes. Pero existe una diferencia sustancial, la enmienda socialista plantea la devolución del proyecto para una revisión profunda del gobierno y la elaboración de una nueva propuesta, mientras que nosotros, los regionalistas, decidimos acompañar a la enmienda a la totalidad, un texto alternativo. Hemos elegido otro camino y consideramos que el Parlamento dispone de la autoridad de sustituir el proyecto por una alternativa, y por eso nos hemos limitado a explicar lo que falta. Hemos traducido buena parte de ese diagnóstico compartido en artículos, garantías, obligaciones e instrumentos concretos. La diferencia debe quedar clara, porque no estamos votando únicamente diagnósticos, estamos diciendo también cuál debe ser la respuesta parlamentaria. Por esto nuestra petición respecto de la enmienda socialista debe partir de esas coincidencias de fondo, pero manteniendo la singularidad de nuestra propuesta. El PRC ha presentado su propia alternativa y es esa alternativa a la que defendemos, porque queremos una ley que reconoce a la autoridad que protege al profesor, DIARIO DE SESIONES Página 8848 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) que incorpora prevención y corresponsabilidad, que afronta la violencia digital, que establece obligaciones para la Administración y que permite evaluar después de los resultados. Quiero decirle al señor portavoz de VOX que, claro, usted tiene que estar muy contento, como no, lo acabo de decir, es una ley que ustedes han impulsado y que el Partido Popular la ha aprobado. Se les ve que van juntos en todo lo que corresponde a la materia educativa. Y con respecto a eso que dice que tiene el consenso de toda la comunidad educativa, no es cierto, señor portavoz. Hable usted con la comunidad educativa, con todos los miembros que integran la comunidad educativa y verá cómo no está de acuerdo, como usted dice, tan de acuerdo con esta ley, porque hay diferentes sensibilidades, opiniones y propuestas que no se han tenido en cuenta. Nosotros hablamos con todos, con el colectivo y con toda la comunidad educativa, bien sean sindicatos, de todas las ideas, señor portavoz, desde la extrema izquierda, como usted dice, hasta los más cercanos a ustedes, hablamos con todos, El Partido Regionalista hablamos con toda la comunidad educativa y tenemos continuamente reuniones, bien sea con la Junta de Personal y con otro, hace poco hemos estado con todos los miembros de la comunidad educativa y por eso le digo que no asegure que tiene el consenso de toda la comunidad educativa. Esto no es cierto. Y por eso nosotros, desde el Partido Regionalista, defendemos que una ley de esta importancia, y lo he dicho en mi intervención, debe contar con la participación y el mayor consenso, y por eso hemos presentado este texto alternativo. Muchísimas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señora diputada. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Sr. Aguirre. EL SR. AGUIRRE PERALES: Muchas gracias nuevamente, presidenta. Bueno, señorías, pues esto es lo que hay, una ley necesaria frente a lo que pueden ofrecer dos partidos de la oposición: la nada. Pero bueno, hoy van a volver a fracasar otra vez en ese intento de boicot a la ley de autoridad del profesorado. Miren, nosotros nos reunimos ningún debate, tanto es así que lo conocerán en las próximas horas el propio consejero de Educación ha pedido comparecer en esta Cámara, ante el Pleno de esta Cámara, para dar cuenta de su valoración sobre los resultados del informe PISA en Cantabria. En sus enmiendas a la totalidad han planteado muchas cosas, quiero presentar que las ha planteado como una, un debate de política general en materia educativa que huya de intereses políticos, ¿verdad? Es irónico. Ustedes, tengo que decirles que están francamente equivocados. Cuando hablamos de educación, claro que hablamos del futuro de Cantabria y es un asunto que exige bastante más responsabilidad y rigor. Ustedes se empeñan siempre en hablar de desmantelamiento, de recortes; nosotros hablamos de resultados tangibles. Este Gobierno no solo mantienen lo existente, sino que lo ha reforzado absolutamente todo. Avanza en la digitalización de aulas, impulsa el refuerzo educativo destinado a la diversidad, orientación y por supuesto que sí; medidas valientes, como la mejora de la convivencia escolar. De todo eso es lo que no quieren que hablemos aquí el Partido Socialista y el Partido Regionalista, de ahí su representación de hoy. Varias cosas sobre las enmiendas, sobre la enmienda de totalidad quiero insistir del Grupo Parlamentario Regionalista. “Este texto nace de la escucha frente al silencio del Gobierno que ha pretendido imponer a los sindicatos”. Paula Fernández Viaña, 9 de septiembre de 2026. ¿Usted sabe, Sra. Fernández, lo que es el Consejo Escolar? ¿Usted sabe que los sindicatos están presentes en el consejo escolar, en la permanente del Consejo Escolar que dictaminó unánimemente de forma favorable este proyecto de ley? ¿Usted sabe también, Sra. Fernández, aunque le duele escucharlo, que los sindicatos son una parte importante pero no tienen el monopolio del sistema educativo? “El texto del Gobierno está vacío de soluciones reales”, decía también la Sra. Fernández. Estaba en racha eh. Hace unos días, claro. Dígaselo a los directores, que han reclamado medidas como el cambio de grupo en la ampliación del plazo de expulsión del alumno de hasta 20 días para ahí poder instruir algo tan básico como es un expediente con garantías, Sra. Fernández, con garantías. ¿No ve usted que no tiene ni idea de lo que habla? Así gestionaron la educación durante cuatro años. Si se comparte el objeto, los principios y los fines de la ley, presenten enmiendas al articulado. Porque, claro, esto ahora nos llevan diciendo ustedes ya años que esta ley no era necesaria y que no la quieren; hoy la defiende más que nadie. ¿Qué le diría a la Sra. Noceda del 2024 la del 2026? ¿Qué le diría? Que fuera coherente, ¿verdad? Que fuera coherente. Este proyecto de ley previene, educa y restaura, Educan los profesionales y previene y ofrece instrumentos para que se restaure, y fija reglas claras. Ustedes nos acusan de imponer un modelo sancionador. No es cierto, se lo he dicho antes. Ustedes hablan de inseguridad jurídica cuando la igualdad no se garantiza dejando que cada centro complete las conductas y sus consecuencias. Sustituyan reglas por remisiones. Ustedes desdibujan la prevención, y esto no implica que nosotros tengamos que renunciar a corregir. Y sobre el coste no basta con crear unidades, planes, informes y de atención especializada. Hay que saber cuántas personas componen. DIARIO DE SESIONES Serie A - Núm. 109 (fascículo 1) 21 de septiembre de 2026 Página 8849 Por cierto, sobre las unidades. Ustedes piden, y es muy curioso, crear una unidad de atención al profesorado, de apoyo al profesorado. ¿No?, ¿es así, Sra. Noceda? En su texto aparece una unidad de apoyo al profesorado. Piden que se cree. ¿Y entonces que creo Marina Lombó en el año 2022? ¿Se dan cuenta como ni siquiera son conscientes de lo que hicieron en el Gobierno? Esta unidad está creada desde el año 2022, presta apoyo psicológico y asistencia jurídica a los docentes. La firmó vía decreto del acuerdo del Consejo de Gobierno junto al Miguel Ángel Revilla Roiz el 13 de abril del año 2022 y entró en vigor en el curso 2022-2023. Por tanto, a mí me presenten ustedes como novedad una maniobra de reciclaje me llama especialmente la atención. Y usted ha dicho, ha finalizado diciendo, que está el proyecto de ley del Gobierno no despierta el consenso de la comunidad educativa. Se lo ha afeado el portavoz de VOX. Y yo le pregunto: ¿qué consenso despierta su alternativa? Se atreve a decir, que despierta el consenso de los directores, ¿se atreve a decir que despierta el consenso del Consejo Escolar?, ¿se atreve a decir que despierta el consenso de directores de AENA desde todos los sindicatos?, ¿se atreve a decir eso, Sra. Noceda? ¿A que no puede?, ¿a que no puede? Claro que no puede, porque no es verdad. Respecto a la paupérrima enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, evidentemente que esta ley no pretende sustituir recursos por normas, pero he extraído varias conclusiones que ustedes dicen o han dicho, a juzgar por su intervención hoy o las desacertadas declaraciones que han realizado desde aquí, o la sede de su partido, o la sala de prensa de este Parlamento: “esta ley solo proclama que el profesor es autoridad” Mentira, no es cierto. Reconoce derechos, asistencia jurídica y psicológica, planes de convivencia, prácticas restaurativas, protección de víctimas, medidas provisionales, conductas digitales. “La autoridad pública ya está la legislación estatal” Otra vez lo ha vuelto a repetir, cl aro, está en una norma estatal, que es un principio básico, y tenemos que insistir en que nosotros queremos tener un marco propio, que parece mentira que los diputados de esta Cámara quieran que renunciemos a ejercer nuestro, nuestro autogobierno. “El proyecto de ley es fundamentalmente sancionador” ¿Y porque incorpora entonces círculos de diálogo, prácticas restaurativas, programas socioemocionales, conciliación talleres, participación de las familias y prioridad en las medidas inclusivas? De eso tampoco le he escuchado decir nada a usted, Sra. Noceda. Sospecho también que a lo mejor tampoco se ha leído el proyecto de ley del Gobierno. Y decía – esto ya es la monda-, decía el portavoz socialista que este Gobierno quiere impulsar la ley sin un euro más. No, con 786 millones de euros en vigor, un presupuesto garantista con la educación QUE arroja 130 millones de euros más de los que dejaron ustedes- Sin ni un euro más pretenden ustedes pasar como una apisonadora desde el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas imponiendo la bajada de ratio, por ejemplo, en infantil o en formación profesional. Eso sí, metiendo la motosierra y recortando 300 millones de euros como ha hecho el mes pasado por la puerta de atrás la ministra Tolón. Qué vergüenza, Sr. Gutiérrez, que quiera dar lecciones al Gobierno que más invierte, cuando ustedes solo son un freno en la calidad del sistema educativo nacional. Dicen que esta ley no protege a las víctimas. Es que no voy ni a entrar en esto, porque me parece un insulto a las propias víctimas. Que no responde a la violencia digital; yo creo que quien redactó su enmienda a la totalidad, insisto, no s e ha leído el proyecto de ley que regula grabaciones difusión de contenidos, ciberacoso, acceso ilícito sistemas, falsificación, suplantación personalidad y perfiles vacíos dentro y fuera del aula -que importante-, y que hace falta una revisión profunda. Claro, sobre todo de su ideario. ¿Pero en qué quedamos?: ¿hace falta la ley?, ¿no hace falta la ley?, ¿esta ley les gusta?, ¿esta ley no les gusta?, ¿les gusta a las del PRC? La del PRC, que sospecho que les va a dejar tirados luego votando, pero bueno, ustedes sabrán. Ver para creer. Hablan de que hay que reconocer aquello que fundamental el proyecto de la autoridad del docente ¿y cómo lo hacemos si no es con una ley, con un TikTok de Pedro Sánchez? Sr. Gutiérrez, dice que devolvamos íntegramente el proyecto de ley al Gobierno como tiene el voto favorable unánime de la comisión permanente del Consejo Escolar, máximo órgano de participación y representación en educación en Cantabria, que sabe mucho más que usted y mucho más que yo, créame. Devolver esta ley significa retrasar su entrada en vigor y no vamos a tragar con ello. Ofrece un marco reconocible común y directamente aplicable en el proyecto de ley del Gobierno, y su alternativa, señores regionalistas, no es clara y no soluciona nada. Es para que se me entienda a la Ley de Autoridad Docente lo que es la Ley Celaá al esfuerzo, al mérito y a la capacidad en el ámbito educativo, un fracaso anunciado. La oposición se lamenta siempre, pero presenta muy pocas propuestas y como se les piden datos, apuestan por un silencio atronador. La coherencia, señorías, es también una forma de elegancia en política, elegancia que ya queda lejana para muchos de ustedes porque le han perdido el respeto a la verdad, y es por extensión, el respeto a los cántabros. Yo tengo que agradecer ¡claro que sí! al Grupo Parlamentario VOX al grupo parlamentario del Sr. Blanco, que permita que hoy esta ley siga su tramitación en un gesto de responsabilidad y compromiso, no con nosotros ni con este Gobierno, con la comunidad educativa de Cantabria. DIARIO DE SESIONES Página 8850 21 de septiembre de 2026 Serie A - Núm. 110 (fascículo 1) Cuando se dice que la educación pública está en peligro se olvida de que lo dice, quien lleva muchísimas legislaturas en el Gobierno arruinando nuestro sistema educativo, y la autocrítica, Sra. Fernández, de vez en cuando no mata a nadie, pero ir en una a una manifestación a meter la cabeza como sea en una foto, colarse en una pancarta y más cuando se protesta sobre algo de lo que uno ha sido directamente responsable mata la credibilidad, que es lo más importante que un político puede tener, hace que tu palabra no valga nada y caricaturiza lo que eres y representas, en definitiva, solo desprestigia a quien lo hace, allá cada uno con sus acciones porque, a fin de cuentas todos nos sometemos al escrutinio de los cántabros. Finalizo con la idea de que la educación en Cantabria avanza y la presidenta y el resto de los consejeros van a seguir gobernando esta región con cabeza, con los pies en la tierra y la vista puesta en que de verdad importa que créanme aunque uno, algunos no parecen mirarse el ombligo no somos nosotros, son los alumnos, las familias y los docentes en este caso. Ustedes, señores del PRC y señores del PSOE, pueden seguir siendo los cronistas oficiales del pesimismo ya nadie espera nada de ustedes, nosotros seguiremos siendo el partido del Gobierno que trabaja, que ejecuta y que puede venir aquí a rendir cuentas, otros directamente ni venían, procede rechazar la devolución y continuar la tramitación parlamentaria de esta Ley de Autoridad del Profesorado. Estamos, por supuesto, lo ha dicho el consejero, dispuestos y hablo en nombre de mi grupo ahora, a trabajar y estudiar medidas concretas, pero no sustituir la seguridad jurídica, por indeterminación, ni a la eficacia inmediata por promesas de futuro. Así que presidenta consejero adelante y seguimos porque al final la política educativa no se va a juzgar por lo que se diga en este hemiciclo, sino por lo que se hace en las aulas. Ustedes y ustedes con el ruido, que las nueces somos nosotros. Muchas gracias. LA SRA. PRESIDENTA (González Revuelta): Gracias, señor diputado. Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de las dos enmiendas presentadas. En primer lugar, votación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la misma? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diecinueve votos en contra. ¿Abstenciones? Ocho abstenciones. Por lo tanto, se rechaza la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Diecinueve votos en contra. ¿Abstenciones? Ocho abstenciones. Se rechaza también la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. Rechazadas las enmiendas a la totalidad se remitirá el proyecto de ley a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad, para proseguir su tramitación de conformidad con el artículo 117. 6 del Reglamento. www.parlamento-cantabria.es Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: SA-8-1983 ISSN: 2171-6951

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